El Consejo de Estado de Colombia admitió este miércoles una demanda que busca la pérdida de investidura del congresista David Racero, del Pacto Histórico, por presunto clientelismo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La acción legal fue presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y solicita la “muerte política” del representante a la Cámara, quien enfrenta acusaciones de tráfico de influencias en la asignación de cargos en esta entidad.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, bajo la ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien fundamentó la admisión de la demanda en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1881 de 2018. El proceso fue registrado bajo el número 11001-03-15-000-2025-03442-00.
La controversia estalló tras la divulgación de audios y mensajes de WhatsApp, que presuntamente comprometen a Racero en la creación de una red de clientelismo dentro del Sena. En las grabaciones, obtenidas por el periodista Daniel Coronell en W Radio, se escuchan conversaciones entre Racero y Jorge Londoño, entonces director del Sena, en las que se discutiría la asignación de cargos en la institución, incluso para familiares del congresista.
Uno de los audios más comprometidos revela una conversación entre Racero y Londoño, donde el congresista menciona a su tío, José Luis Mayorca, quien aspiraba a cargos políticos en el Cesar, sugiriendo que este fuera incluido en los acuerdos de nombramientos dentro del Sena. “¿Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”, pregunta Racero, a lo que Londoño responde afirmativamente.
Asimismo, los audios muestran detalladamente el proceso que presuntamente seguirían para ocupar subdirecciones en el Sena mediante la manipulación de los concursos de selección. Racero explicaba a un interlocutor cómo sería el mecanismo para colocar a personas de su confianza en estos cargos, señalando que sería necesario elegir a funcionarios que ya estuvieran dentro del Sena para que pudieran ser designados subdirectores encargados.
El congresista tendrá un plazo de cinco días para responder por escrito a las acusaciones y presentar pruebas que desmientan las denuncias, conforme al artículo 10 de la Ley 1881 de 2018. El Ministerio Público también fue notificado sobre el caso.
Este nuevo capítulo en la controversia política colombiana genera preocupación sobre la posible utilización indebida de cargos públicos y el tráfico de influencias en instituciones clave del Estado. La demanda avanza en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia en el ejercicio de funciones públicas, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos y nombramientos en entidades estatales.
