Consejo Directivo le responde a la Superintendencia

Mayra Marrufo.

Miembros del Consejo Directivo de Comfamiliar Risaralda aseguran que les vulneran sus derechos al suspenderlos.

En las instalaciones del Gran Hotel en Pereira, se dieron cita varias personalidades, como lo es: Richard Piedrahita, presidente del consejo Directivo de Comfamiliar Risaralda; Pedro Vicente Haragán Consejero; Israel Londoño, Consejero; la Dra. Sandra Milena Arango Buitrago, quién también ejerce como Consejera y Jesús Alberto Pulverin, consejero. Ante los medios de comunicación explicaron el caso que se ha venido suscitando en Comfamiliar Risaralda.

Fueron nombrados por el ministerio del trabajo:
El presidente del Consejo Directivo, Richard Alexander Piedrahita, le agradeció a los medios de comunicación que se dieron cita para dialogar junto con el consejo:
“Nosotros, como representantes de los trabajadores ante la Caja de Compensación Comfamiliar y nombrados por el Ministerio del Trabajo, queremos contarles los hechos que nos tienen reunidos y que dio lugar a la resolución de suspensión”.
El presidente manifestó que al día siguiente de hacer el consejo que se llevó a cabo el 29 de noviembre, la Superintendencia visitó la Caja de Compensación y luego emitió una resolución que consta de 80 hojas, de las cuales aproximadamente 20 están dedicadas a la Dra. Sandra Milena Arango.
“Habla sobre algunos hechos y movimientos que nosotros hicimos en ese consejo, como fue cambiar o remover al actual director Luis Fernando Acosta, bajo las facultades que tenemos nosotros como Consejo Directivo, que nos llevaron a tomar esa decisión, creyendo que es lo mejor para la Caja de Compensación”.
Manifestó que en la resolución se habla de unos gastos que ellos como Consejeros han tenido durante el tiempo que están ejerciendo su labor:
“Dicen que son gastos desproporcionados, se habla de unos honorarios de nosotros y se presume que fueron honorarios que nosotros establecimos. Este Consejo llegó en septiembre del 2021, a pertenecer a la Caja de Compensación y esos honorarios fueron establecidos en la Asamblea del año 2020, por los empresarios que hacen los aportes a la Caja, es decir, que nosotros llegamos año y medio después que fueron establecidos los honorarios. Segundo, mi caso que fui el presidente durante ese tiempo, nunca llamé a ningún Consejo Directivo, a los Consejos Directivo en la Caja, los llama es el Director, no sabemos por qué nos acusan a nosotros de ese tema, se llamaron en nombre del Director y creo que hizo varios por la misma necesidad que teníamos de conocer la Caja, de saber para dónde íbamos y de saber a dónde íbamos a llegar con ella, pero la Súper dice que son gastos que nosotros no deberíamos de haber hecho”.
Entre los gastos que aseguró la Superintendencia están gastos de asesoría técnica, vigilancia, fletes, acarreos y pagos de telefonía celular.
“Nosotros no conocemos de dónde salieron esos gastos porque nunca hemos incurrido en ellos, pero es lo que fundamenta la Súper, fundamenta que se reunió con los Sindicatos, Comfamiliar tiene dos Sindicatos y en uno de ellos está Sintrasalud, de la cual nos dedican aproximadamente 10 páginas argumentando algunas situaciones que tenía en la parte laboral sobre la cual nosotros también hemos trabajado”.

resolución que los
vulnera:
Asimismo, aseguró que en la resolución se habla del Sr. Gustavo Sarmiento, a quien afirman que es líder de uno de los Sindicatos, pero que ya no pertenece al mismo.
“En esa resolución nos vulneran el derecho a la defensa, porque a nosotros nos llamaron a una entrevista; la Dra. que es Consejera y es abogada, preguntó si era legal, si era que nos estaban llamando y manifestaron que solamente iban a hablar con nosotros de manera informal, luego de hora y media, en la resolución colocaron cosas que ellos mismos redactaron, creemos que en esa parte se ha vulnerado nuestros derechos”.
Recordó el nombramiento del Dr. Luis Fernando Acosta, que se nombró por mayoría del Consejo Directivo en un consejo donde se presentó la renuncia del Dr. Valencia.
“En el consejo del 29 de noviembre, también estábamos mayoría, estábamos 7 de los cuales tomamos la decisión de remover al Director y nombrar a otra persona muy honorable del departamento en el cargo y la Superintendencia dice que no lo podíamos hacer, que no estaba permitido, el primero si, el segundo no, dos que se dan dentro del mismo año que estamos sucediendo”.
En la actualidad el Consejo Directivo tiene una suspensión de sus cargos durante 6 meses.
“Estamos en tiempo de presentar el recurso de reposición. También queremos manifestarles cómo se nombran los representantes del Consejo Directivo; se nombran 5 de los empresarios, representantes de los empresarios y 5 de los trabajadores; de los 5 empresarios son nombrados en la Asamblea de los empresarios por votación y los 5 de los nosotros somos nombrados por el Ministerio del Trabajo después de pasar varios filtros, uno de los filtros lo hacen los sindicatos a través de sus entidades o corporaciones a nivel nacional y otros se postulan a través de sus organizaciones sindicales. Los que no somos sindicalizados, como es el caso del Israel Londoño o Sandra Arango o yo, lo hacemos antes la Caja, es decir que nosotros fuimos a la sede administrativa en la Circunvalar, postulamos como muchos lo hicieron y fuimos nombrados en la resolución del 15 de septiembre del 2021 como representantes del Ministerio del Trabajo ante el Consejo de Comfamiliar representando a los trabajadores. Nosotros según la resolución estamos nombrados para 4 años”.
La consejera, Sandra Milena Arango Buitrago, aseguró que el motivo que los llevó como Consejo Directivo visitar el Parque Consotá fue para verificar las condiciones laborales de los trabajadores:
“La primera condición que nos llevó al parque fue revisar las condiciones laborales, las mismas no son por el pago de unos honorarios o de un salario. He sido la más enfática en luchar por esos derechos laborales, la visita de la Caja no fue con ningún fin administrativo, sino verificar esas condiciones, pero es muy triste que como representantes de un grupo, se hable con una persona y luego esa persona sea despedida con posterioridad, sea trasladado, sea desmejorado; uno de los puntos que nos llevó a tomar la decisión jurídicamente fue pensar en una administración diferente”.

Carta enviada por el revisor fiscal de la entidad:

“En la carta, se dice que si el Dr. Luis Fernando Acosta nos demandaba podría subir la demanda a $1.500 millones y la Súper dice que sería un decremento a la Caja, pero son hechos que no están legalmente constituidos, porque a la fecha no tenemos ninguna demanda o no la teníamos en el momento que sale la resolución, se puede decir que es irresponsabilidad del Revisor Fiscal decir que presuntamente una persona iba a demandar y que había un decremento patrimonial sabiendo que no existía ninguna demanda conocida por nosotros y que nosotros nos asesoramos de una abogada laboralista, esto no fue por capricho, ella nos asesoró todo el proceso y nos da todos los fundamentos legales, donde teníamos todo el soporte para poder dar por terminado ese contrato que poseía el Director por justa causa”.

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