Por Pilar Salcedo Jiménez
El presidente Gustavo Petro propuso la utilización del mecanismo de consulta popular para impulsar sus reformas sociales, ante el seguro archivo de la reforma laboral en el Congreso.
También advirtió que hará un llamado a una gran movilización popular en las calles, para que se aprueben sus proyectos bandera.
Para entender lo que implica una consulta popular y lo que costaría, este medio conversó con Juan Carlos Galindo, profesor del departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana y ex Registrador Nacional.
¿Cómo funciona la consulta popular?
De acuerdo con el profesor Juan Carlos Galindo, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución y regulado por la ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015. A través de este procedimiento, el gobierno nacional, departamental o municipal puede someter una pregunta específica a la ciudadanía, la cual debe responderse con un “sí” o un “no”.
“El proceso inicia con la presentación de la solicitud ante el Senado, el cual tiene hasta 30 días para pronunciarse. Si el concepto es favorable, se debe fijar la fecha de la consulta dentro de los tres meses siguientes. La Registraduría Nacional del Estado Civil es la encargada de organizar la votación, un proceso similar a una elección presidencial o legislativa”, explicó el experto.
¿Cuánto costaría?
Contrario a lo que podría pensarse, la implementación de una consulta popular no es un trámite inmediato. Desde el momento en que el presidente la convoca hasta su ejecución pueden transcurrir al menos cuatro meses. Además, la Registraduría necesita recibir los recursos necesarios para organizar la logística electoral.
“La consulta anticorrupción realizada en 2018 costó aproximadamente $310.000 millones. Con el aumento del censo electoral, que hoy se acerca a los 41 millones de ciudadanos, el costo de una nueva consulta podría ascender a entre $500.000 y $600.000 millones de pesos. Si se incluyen los gastos de campañas políticas a favor y en contra, la cifra total podría rondar el billón de pesos”, indicó Galindo.
¿Es este el mecanismo adecuado?
La principal reforma que el presidente Petro busca impulsar mediante la consulta es la reforma laboral. Sin embargo, el profesor Galindo considera que este no sería el momento adecuado para llevar a cabo un proceso de esta magnitud. “Estamos en un año electoral de Congreso y Presidencia, lo que podría interpretarse como un adelanto de la campaña para 2026”, afirmó.
Además, el presidente ha mencionado que implementará por decreto aquellas reformas que sean viables mediante esta vía. “Habrá que esperar cuáles son los temas que el Gobierno considera susceptibles de ser formalizados mediante decreto”, señaló el experto.
El reto del umbral electoral
Para que la consulta popular tenga validez, se deben cumplir dos condiciones fundamentales: primero, superar el umbral del 30% del censo electoral, lo que equivale a más de 13 millones de votos. Segundo, en caso de que el umbral se alcance, la opción del “sí” debe obtener la mayoría simple de los votos.
La única vez que este mecanismo se ha utilizado a nivel nacional fue en 2018 con la consulta anticorrupción, la cual, pese a obtener más de 11,6 millones de votos a favor, no logró superar el umbral requerido.
Contexto
Ocho senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República presentaron en mayoría una ponencia de archivo de la reforma laboral del Presidente Gustavo Petro, con lo cual queda hundida en tercer debate esta iniciativa.
Entre los firmantes se encuentran Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático; Esperanza Andrade y Nadia Blel del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal; Berenice Bedoya de ASI; Ana Paola Agudelo de Mira y Lorena Ríos de Colombia Justa Libres.
