En Risaralda no se identifican zonas rurales que sean utilizadas como corredores de movilidad por algún actor ilegalmente armado, tampoco se evidencian cultivos ilícitos, o laboratorios para el procesamiento de alcaloides, ni estructuras de narcotráfico de primero o segundo nivel.
Así lo reiteró el secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño Londoño, ante la plenaria de la Asamblea de Risaralda durante sesión de control político, al que también compareció el secretario Jurídico Federico Cano Franco.
En su informe de gestión, en cuanto al orden público, el titular de la cartera de gobierno, destacó el balance delictivo de Risaralda entre el 1 de enero a junio 21 de 2020, el cual comparado con el mismo período del año anterior, según el funcionario, ha bajado de manera sustancial así: homicidios 69 casos con una variación de -36%; lesiones personales 544, con -42%; hurtos personales 1055, con -33%; hurto a residencias 235, con -36%; hurto a comercio 322, con -42%, hurto a vehículos 17, con el -37% y hurto a motos 30 casos con una variación del -66%.
Londoño Londoño también se refirió a diversos iniciativas de la secretaria, como el plan de prevención y protección de derechos humanos, plan de contingencia para emergencias producidas en el marco del conflicto armado, actividades de defensa y promoción de los derechos de las víctimas en conflicto, la atención a poblaciones y minorías étnicas, así como la ejecución del plan de seguridad y convivencia.
En lo jurídico
Durante el primer trimestre del año 2020 el Departamento de Risaralda instauró ocho demandas, 7 de ellas por controversias contractuales por un valor de $14.603.377.399 millones y 1 acción de repetición por un valor de $210.123.596 millones.
De acuerdo con el secretario Jurídico Federico Cano, en contra del Departamento de Risaralda en vigencias anteriores al año 2019 y primer trimestres del año 2020 se han presentado un total de 727 demandas por un valor total de $237.758.979.922 millones, entre las que se destacan 563 por nulidad y restablecimiento; 60 por reparación directa; 40 por acción popular; 24 por ordinario laboral; 10 por acción de grupo y 9 por llamamiento a garantía, entre otras.
Los diputados
Frente a las exposiciones de los funcionarios los diputados intervinieron dando a conocer sus reparos; el corporado Durguez Espinosa se refirió a la futura construcción de la cárcel de El Pílamo en el sector de Combia, manifestando que “esta corporación no ha prestado atención a este tema, aquí a la única que beneficia es realmente a la empresa constructora y ese proyecto es un embeleco porque hasta el día de hoy no ha iniciado su construcción y mientras tanto el contrato sigue y allí hay una comunidad afectada”.
Entre tanto el diputado Diomedes Toro, pidió un informe a cerca del plan de
contingencia que la Secretaria de Gobierno y las autoridades van a implementar frente al Covid-19 y el tema de la cosecha cafetera”, de igual manera manifestó también su preocupación por el problema de hacinamiento
en la cárcel La 40 de Pereira.
El diputado conservador, Diego Naranjo pidió la intervención del Contralor General de la Republica Felipe Córdoba para revisar en forma detallada el
contrato de construcción de la cárcel El Pílamo, “porque necesitamos que haya vigilancia y control y esta asamblea debe exigirlo”.
