El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez suma un nuevo giro. El Tribunal Superior de Bogotá aceptó la impugnación presentada por su defensa para impedir que el magistrado Hugo Riaño continúe conociendo del caso, al considerar que se habrían vulnerado garantías fundamentales durante la actuación de la jueza Sandra Heredia.
Con esta decisión, el expediente será remitido de inmediato a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre la tutela interpuesta por la defensa en busca de garantizar la libertad del exmandatario.
La tutela cuestiona la conducta procesal de la jueza Heredia, quien el pasado 1 de agosto condenó a Uribe a 12 años de detención domiciliaria por manipulación de testigos. En su fallo, la jueza argumentó que mantenerlo en libertad enviaría un mensaje de impunidad, señaló riesgo de fuga por su “gran reconocimiento internacional” y sostuvo que la medida tendría un “efecto disuasivo” para prevenir nuevos delitos.
El abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, sostiene que estas consideraciones desconocen el principio de presunción de inocencia y exceden los criterios legales para ordenar la privación de libertad cuando la sentencia aún no está en firme. También cuestiona que la jueza haya tomado en cuenta la percepción pública y la posibilidad de disturbios como parte de su decisión, lo que, según él, constituye una “instrumentalización inaceptable” en un Estado de Derecho.
La aceptación de la impugnación significa que el magistrado Riaño quedará al margen del expediente mientras la Corte Suprema revisa el amparo. De fondo, la defensa busca frenar la ejecución de la condena mientras avanza la apelación principal.
Este nuevo capítulo añade tensión a un proceso que ya ha generado un intenso debate jurídico y político, y cuya resolución podría marcar un precedente en la aplicación de medidas restrictivas de la libertad para exmandatarios en Colombia.
