SUMARIO: Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, explica las razones jurídicas y éticas de la acción presentada ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, hacia los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD.
La Red de Veedurías Ciudadanas, reconocida por haber ganado más de 30 demandas de pérdida de investidura a parlamentarios, concejales y diputados en todo el país, presentó una nueva acción ante el Consejo de Estado. Su presidente, Pablo Bustos, explica los fundamentos de la demanda, los tiempos procesales y el mensaje que envía al país en materia de lucha contra la corrupción.
¿Por qué la Red de Veedurías decidió promover esta acción de pérdida de investidura?
Se trata de un grupo de congresistas sobre quienes existen señalamientos graves, sólidos y ampliamente respaldados por pruebas, relacionados con su posible participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Estas afirmaciones provienen de testigos clave y están debidamente documentadas.
¿Qué les llamó la atención frente a la actuación de la justicia penal?
Nos sorprendió que la Corte Suprema de Justicia no hubiera adoptado medidas de aseguramiento, pese a que en los expedientes existía mérito suficiente. Frente a esa situación, consideramos necesario activar un control ético y político, como lo es la pérdida de investidura, para evitar que el país elija personas que eventualmente no podrían terminar su mandato.
Usted tiene una amplia experiencia en este tipo de procesos. ¿Cuántas demandas de pérdida de investidura ha ganado?
Entre procesos contra congresistas, concejales y diputados, he ganado más de 30 demandas de pérdida de investidura en Colombia. La Red de Veedurías es, sin duda, la organización que más triunfos ha obtenido en esta figura desde su creación.
¿También han tenido casos exitosos en Risaralda?
Sí. En Risaralda hemos tenido decisiones importantes, como la pérdida de investidura de Carlos Enrique Soto, entre otros casos. En esos procesos, la estructuración jurídica y la presentación ante el Consejo de Estado estuvieron a mi cargo.
¿En qué instancia se encuentra actualmente esta nueva demanda hacia los congresistas investigados en el escándalo de la UNGRD?
La demanda está radicada ante el Consejo de Estado, en la sala especial de pérdida de investidura. Esta sala tiene términos muy breves. La admisión debe producirse en cuestión de horas o, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes.
¿Cuáles son los tiempos del proceso una vez se admita la demanda?
Una vez admitida, los demandados tienen cinco días para contestar. Luego viene la práctica de pruebas, que se realiza en un término aproximado de ocho días. Posteriormente, la sala debe fallar en un plazo cercano a tres días. Si hay recursos, el asunto pasa a la plenaria del Consejo de Estado.
En caso de que prospere la pérdida de investidura, ¿qué ocurre con la curul?
Cuando la causal es corrupción, el partido pierde la curul. Por eso esta acción también tiene un carácter preventivo, tanto para las colectividades políticas como para los votantes, evitando un daño institucional mayor y elecciones innecesarias.
¿Se ha producido alguna reacción por parte de los congresistas demandados?
Hasta ahora han guardado silencio, a pesar de que se les envió copia íntegra de la demanda incluso antes de su radicación. Lo razonable sería una rendición pública de cuentas, dado el peso de los señalamientos y la abundancia probatoria existente.
Finalmente, ¿cuál es su mensaje para los colombianos frente a esta acción?
El mensaje es claro: la lucha contra la corrupción debe ser inflexible. El Congreso debe estar integrado por personas que cumplan los más altos estándares éticos. El país necesita justicia ejemplarizante, respeto por el voto popular y mano dura contra la corrupción para dignificar las instituciones democráticas.
Recuadro 1
¿Podría darse muerte política?
La pérdida de investidura-de ser declarada por el Consejo de Estado-impide hacia el futuro, cualquier postulación para cargos de elección popular.
Recuadro 2
Un caso muy recordado
En 2017, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto, al encontrarse que incurrió en indebida destinación de recursos públicos. Uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo- UTL, recibió la totalidad de su salario por días en los cuales no laboró. Sin embargo, el congresista en su momento, certificó que había laborado los 30 días del mes.
Recuadro 3
Los demandados
La demanda involucra a los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como a los representantes Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez. No hubo respuesta del senador Juan Pablo Gallo acerca de este tema
