Una nueva iniciativa fue radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ante el Congreso de la República; se trata del proyecto de Ley con el cual, el Gobierno pretende someter a la justicia a las bandas narcoparamilitares del país que no tienen carácter ni estatus político.
El documento que consta de 27 páginas, establece los lineamientos penales y los beneficios para los grupos subversivos que se sometan en un plazo máximo de dos años, a la justicia bajo esta Ley.
Asimismo, la proposición establece que los narcos que se entregan voluntariamente a la justicia y cooperen con el Estado, podrán quedarse hasta con el 6% de sus riquezas; en este sentido, el cabecilla podrá quedarse hasta con 10.000 salarios mínimos vigentes.
Otro de los beneficios que otorga el proyecto de ley, son las penas de entre 6 y 8 años de cárcel y 4 años más de libertad condicional mientras adelantan trabajos de reparación a las víctimas.
Por su Parte, el presidente del Congreso, Roy Barreras, indicó “este proyecto de Ley contiene una oferta generosa por parte del Estado a esas estructuras criminales de alto impacto para que, si se confiesan, entregan sus bienes y reparan a las víctimas, el Estado les otorgue un tratamiento penal más benigno”.
A su vez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, precisó que el proceso con las narcobandas constará de dos fases: una de diálogo y conversación y otra con un procedimiento de carácter penal bajo la dirección de la Fiscalía.
Sobre los cambios que habían pedido el fiscal general Francisco Barbosa, y el Consejo de Política Criminal, el ministro de Justicia y del Derecho aseguró que el nuevo documento modificó casi todos los puntos que ellos pedían y acogió las recomendaciones de Barbosa.
“A diferencia del texto original, este documento contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplía los términos de la investigación judicial y le asigna las investigaciones a la dependencia interna que el fiscal general determine”,concluyó Osuna.
