Tras la polémica suscitada a raíz de una operación militar en la que perdieron la vida varios menores de edad en un bombardeo protagonizado por unidades del Ejército colombiano, el Ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se vio forzado a dimitir del cargo que venía desempeñando desde el inicio del gobierno de Iván Duque.
Ayer miércoles en horas de la tarde, Botero, presentó su renuncia al cargo, tras desvelarse que al menos ocho menores murieron en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC.
“En reunión sostenida con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional”, señala textualmente un comunicado oficial emitido desde de su despacho.
La muerte de ocho menores en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC en el Caquetá, ocultada durante dos meses por las autoridades y revelada por el senador Roy Barreras causó conmoción en el país.
La denuncia la hizo el pasado martes el Congresista del Partido de la Unidad Nacional durante un debate de moción de censura contra Botero, a quien acusó de ocultar a los colombianos que en una operación militar en septiembre pasado “bombardeó a niños”.
Tan grave es la acusación que el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al ministro “una respuesta seria a los colombianos sobre esta grave denuncia”.
“La Fiscalía debe iniciar una investigación para determinar si el Ejército lanzó un ataque a pesar de que podía haber previsto que muertes de civiles serían excesivas”, dijo Vivanco en Twitter.
Respuesta
En respuesta a las acusaciones, Botero aseguró que “todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones’”.
Esa figura, detalló, se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 “por mandato de la política integral de DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa”, por lo que calificó la denuncia del congresista como “tergiversada” y “especulativa”.
“La fuerza pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales del Derecho Internacional Humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Botero.
Detalló que después de la operación militar en Caquetá los resultados fueron presentados a la Fiscalía, entidad que no ha solicitado hasta el momento al Ministerio información por “posibles responsabilidades de miembros de la fuerza pública”.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro, afirmó que “no se tenía conocimiento de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad” del líder disidente identificado con el alias de “Gildardo Cucho” y afirmó que son los grupos armados ilegales quienes cometen crímenes al reclutar menores.
El senado decidirá el próximo miércoles si los nuevos casos que por su gravedad han conmocionado al país ameritan el voto del censura al ministro, así haya renunciado, una posibilidad más que probable ya que distintos partidos han manifestado su apoyo a la moción promovida por Barreras, entre ellos Cambio Radical, que en junio pasado salvó a Botero de ser destituido por su mala gestión.
