Por Pilar Salcedo Jiménez
Ante los más recientes hechos de orden público registrados en el país, analistas y precandidatos presidenciales, coincidieron en que la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro, es un “fracaso total y estrepitoso”.
“La situación facilitado el fortalecimiento de grupos armados ilegales y el crecimiento de economías criminales en varias regiones del país”.
“Los ceses al fuego pactados con organizaciones armadas no contribuyeron a la pacificación, sino que permitieron que bandas criminales y guerrillas se apropiaran de territorios en los que debería tener presencia el Estado colombiano. “Esos ceses al fuego les dieron la posibilidad de construir paraestados donde son dueños y señores”, indicó a El Diario del Otún, el analista y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Ruiz.
“Es una culpa muy grande de este gobierno, de un mal manejo de la seguridad y la defensa, pero también de una política de paz caprichosa, atolondrada y sin objetivos claros. Estas fallas han derivado en que los grupos ilegales se envalentonen y actúen sin control en regiones como la Amazonía, desplazando la presencia estatal”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, de Centro Democrático, indicó: “El país merece una autoridad real. Tenemos en nuestras manos el poder de cambiar el futuro. Hay que elegir un buen presidente, no un charlatán”.
Fortalecer la Fuerza Pública, recuperar aeronaves abandonadas y combatir el poder económico del crimen organizado que se alimenta del narcotráfico, son algunas de sus propuestas.
En cuanto a la senadora María Fernanda Cabal, en diversos escenarios se ha referido al fortalecimiento de la seguridad nacional y regional, reforma al sistema educativo, construcción de más cárceles y eliminación de las mesas de diálogo con grupos armados, como sus propuestas en materia de seguridad.
Por su parte, en su reciente visita a Pereira, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, enfatizó que la estrategia de paz del Gobierno fracasó y pidió al presidente Gustavo Petro, levantar todas las mesas de negociación, revocar las suspensiones de órdenes de captura y devolver a los llamados gestores de paz a los centros de reclusión. Cárdenas considera fundamental pedir ayuda internacional y restablecer relaciones con Israel.
Enfrentar de manera decidida a los criminales y acabar la denominada paz total y que estados unidos venga por los narcotraficantes, es la propuesta de la precandidata presidencial, Vicky Dávila.
Indicadores en rojo
Analistas consultados por El Diario, coinciden con el reciente análisis de La Silla Vacía y consideran que el presidente Gustavo Petro inicia su último año de mandato con un panorama crítico en materia de seguridad. De acuerdo con la más reciente encuesta Invamer Poll, publicada en junio, el orden público se consolidó como la principal preocupación de los colombianos: el 36 % de los encuestados lo considera el mayor problema del país, un nivel que no se registraba desde antes de la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016.
“El recrudecimiento de enfrentamientos armados, actos de terrorismo y el asesinato de miembros de la Fuerza Pública, escenario que se explica en parte por el fin de varios ceses al fuego contemplados en la política de “paz total”.
El reto 2026
El analista político Juan David Zuluaga advirtió que el principal desafío para Colombia en 2026 no se limita únicamente a recuperar el rumbo del país, sino también a garantizar que el próximo gobierno actúe con integridad, excelencia y resultados tangibles.
Zuluaga señaló que un eventual mandato marcado por la mediocridad podría abrir nuevamente el camino para que la izquierda retorne al poder “con más fuerza”. En ese sentido, enfatizó que el reto no se trata únicamente de ganar las elecciones, sino de ejercer un gobierno con carácter y visión de país.
El dato
Los alcaldes del país denunciaron una drástica reducción de recursos destinados a la seguridad, que este año alcanzaría los 900.000 millones de pesos menos frente al presupuesto de 2024.
La cifra
La congelación de entre 600.000 y 700.000 millones de pesos comprometió áreas estratégicas en materia de seguridad como la inteligencia, la policía judicial y las capacidades operativas del Ejército y la Fuerza Aérea.
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