El pasado lunes, 2 de diciembre, cuando la presentación de tres recursos contra miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda impidió la elección del director en propiedad, se comenzó a hablar de la supuesta existencia del llamado “Cartel de las Recusaciones”, que se ha dedicado a ponerle palos a la rueda de este proceso lo que ha significado una interinidad de más de 20 meses en la dirección general de la primera autoridad ambiental del departamento.
En dicha sesión intervino Viviana Tamayo, en su condición de delegada de la Veeduría Ciudadana de la Cárder, conformada por el colectivo Ágora Cívica, la cual pidió que suspendiera el proceso y se apelara la meritocracia para escoger al nuevo funcionario.
Allí se recibieron además dos recusaciones: una de ellas firmada por Clemencia Cecilia del Carmen Rodríguez Monroy, con cédula de ciudadanía de Pereira y quien adjuntó una dirección de residencia en el barrio Santa Ana Occidental de Bogotá, y la otra suscrita por Mauricio González Londoño.
La señora Rodríguez argumentó que cómo tres de los cuatro alcaldes que hacen parte del consejo, los titulares de Marsella, Santuario y La Celia, los municipios que representan, han sido objeto de investigaciones administrativas y de medidas preventivas por parte de la Cárder, no pueden hacer parte de ese organismo ni participar en la elección del nuevo directivo. Pero, de paso, la firmante del documento recusó a la totalidad de los integrantes del consejo directivo, lo que impidió que se avanzara en la elección.
Sucede que cuando la mayoría de los consejeros son recusados no se pueden tomar decisiones, se debe correr traslado a los afectados de los documentos respectivos en los cinco días siguientes y enviar dicho paquete al Procurador General de la Nación, quien dispone de diez días hábiles para resolver el asunto.
“Tratamos de elegir pero fue imposible porque había tres recusaciones contra los trece integrantes del consejo directivo. Nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda y hay que resolver las recusaciones”, explicó el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, quien es al tiempo presidente del consejo directivo de la Cárder.
¿Cartel de recusaciones?
En dicha reunión, se escuchó la voz de uno de los consejeros quien afirmó la existencia de lo que llamó un “cartel de las recusaciones” que con argumentos de toda naturaleza se ha encargado de impedir la elección del director de la Cárder en estos últimos 20 meses.
Dicho consejero, cuyo nombre mantenemos en reserva, anotó que “se ha acudido a recusaciones temarias y maniobras dilatoprias y marrulleras para evitar que se cumpla con la razón de ser de estas convocatorias”. Agregó más adelante que se trata de “recusaciones baladíes con argumentos traídos de los cabellos, plasmados en documentos que han firmado personas que han prestado sus nombres para ello sin saber siquiera que dicen ahí”.
Incluso a dicha sesión fue invitada una persona que presentó con su nombre una de tales recusaciones, pero luego la retiró. Se trata de Luz Adriana Arias Escobar, quien fue contratista de la Cárder, la cual explicó a los consejeros su participación en tal episodio.
El consejero que levantó su voz al respecto en la reuión del lunes pasado, agregó que a la dirección de la Cárder le ha faltado seriedad en el manejo denuncia de esta situación ante la Fiscalía General de la Nación para investigar quiénes son los autores de tales maniobras y aplicar las sanciones a que haya lugar.
El muerto demandante
Uno los episodios más anecdótico de este novelón ocurrió el 28 de mayo pasado, cuando la elección del director general fue frustrada por la llegada de un oficio presentado por un ciudadano bajo el título de “Control de Advertencia”. Gracias a ese oficio sin firma, enviado por alguien que se identificó solo como Gustavo Bolívar, con cédula 1.370.905 -no se sabe de dónde- y quien tampoco dejó algún teléfono de contacto, solo un correo electrónico: gustbolivar@outlook.com. el miércoles 22 de mayo, la proyectada elección quedó en el aire.
En ese documento se les advirtió a los consejeros que si seguían adelante con la elección haciendo caso omiso de los criterios de méritos “los denunciará pública y penalmente, y con toda seguridad considero que de no cambiar el proceso, se harán acreedores a las sanciones, porque así hubieran empezado el proceso antes de la ley 1904, ya pasó un año de vigencia de la misma”.
Después se comprobó que el tal Gustavo Bolívar, firmante del amanazane documento, no existía en realidad y que la cédula correspondía a una persona fallecida hacía varios meses.
Los demandantes
EL DIARIO habló con varios de los ciudadanos que han dado la cara en sus denuncias contra la Cárder, para conocer su posición al respecto.
Juan Guillermo Salazar, excontralor de Risaralda y varias veces candidato a la dirección de la Cárder, recordó que presentó un recurso contra ocho miembros del consejo directivo a principios del 2018 cuando se iba a llevar a cabo la elección que recayó en Leandro Jaramillo, la cual no fue tenida en cuenta. Reiteró, sin embargo, que en este proceso de elección se deben tener en cuenta elementos de meritocracia, tal como lo dispone la Constitución y las leyes para el caso de las Contralorías. “Desde entonces, no he vuelto a presentar ningún recurso”, explicó.
A su turno, el exconcejal Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro reconoció que ha hecho varias recusaciones con argumentaciones válidas y aseguró que no conoce a la demandante Clemencia Cecilia del Carmen Rodríguez Monroy, quien lo cita en su documento de recusación, a raiz de una certificación que Crosthwaite pidió a la Cárder acerca de la relación de los municipios que han sido objeto de investigaciones administrativas y de medidas preventivas por parte de la Cárder.
Así mismo presentó la argumentación en contra del proceso que le permitió a Mario Jiménez Jiménez continuar como miembro del consejo directivo en representación de las ONG ambientales, caso en el cual el Tribunal Adminisrrativo de Risaralda le dio la razón dejando por fuera de Jiménez.
“Creo que falta más participación ciudadana en el control de las graves actuaciones y los casos de corrupción en la Cárder, en donde se ha incurrido en ligerezas y donde hay muchos intereses de los consejeros directivos”, precisó Crosthwaite Ferro.
A su vez, José Freddy Arias y Daniel Silva, quienes junto con John Jairo Bello, han elevado recursos en contra de este proceso en la Cárder, recordaron que sus actuaciones estuvieron referidas a dos casos en concreto: el primero, cuando argumentaron que Juan Manuel Álvarez no podía ser reelegido y el segundo cuando pidieron la nulidad de la elección de Leandro Jaramillo Rivera porque en dicha sesión del consejo directivo de la Cárder participó un consejero sobre quien pesaba una medida disciplinaria que estaba vigente. En ambos casos, esas dos elecciones se cayeron. “Pero en los recientes documentos de recusaciones se ve claramente que hay una acción torticera para no dejar elegir director en propiedad. Allí hay intereses oscuros”, dijo Arias.
En similares términos se pronunció el abogado y diputado electo Daniel Silva, quien afirmó que después de sus actuaciones “comenzaron a aparecer terceros interesados en entorpecer el proceso. Ahí hay intereses tanto desde el interior como desde el exterior de la Cárder por parte de algunas personas que no quieren que se elija el director en propiedad”.
Conclusiones
Desde marzo de 2018, cuando fue anulada la elección de Leandro Jaramillo, se han hecho ocho intentos por escoger al director de la corporación para terminar el período 2016-2019. Y el noveno episodio ocurrió el pasado lunes 2 de diciembre cuando se iba a elegir el director general para el período 2020-2023.
Al ser consultado sobre si existe un “cartel de la recusaciones” en la Cárder, el Gobernador de Risaralda afirmó que ésto ha sido algo sistemático y, por tanto, “se tomó la decisión de mandar todas las recusaciones a la Fiscalía para que investiguen qué es lo que está pasando allí”, explicó Salazar Osorio.
En estos 20 meses de interinidad ha permanecido encargada de la dirección de la Cárder Martha Mónica Restrepo y es muy posible que continúe en ese encargo dado que como la situación este año no se resolverá el asunto de la dirección de la Cárder en propiedad.
“Si la resolución de las recusaciones la define el Procurador General antes de terminar el año, debemos proceder a convocar al consejo directivo para proceder a la elección. Pero creo que le va a tocar al próximo Gobernador Víctor Manuel Tamayo liderar ese proceso”, indicó Salazar Osorio.
Y allí, en el despacho del Procurador están cursandos dos recusaciones correspondientes al proceso de elección del director para período 2016-2019 y ahora dos más para el período 2020-2023, que no se sabe cuándo tendrán concepto definitivo.
Mientras tanto, ante la Fiscalía General de la Nación se presentó por parte del Consejo Directivo y el Gobernador la denuncia sobre la existencia del presunto cartel de las recusaciones.
Y será este organismo el que diga la última palabra con respecto de lo que está pasando en la principal autoridad ambiental del departamento.
