En medio de una creciente tensión institucional, el presidente Gustavo Petro alzó su voz este domingo tras conocerse la ponencia de la Corte Constitucional que recomienda tumbar el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, Norte de Santander. El mandatario advirtió que la medida podría dejar “indefensa” a la población civil frente a la violencia que azota la región.
“La financiación de la conmoción se genera con las tasas colocadas por empresas de juegos de suerte y azar en línea y a las petroleras”, explicó Petro a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Los dueños de esas empresas reirán y llorarán centenares de miles de campesinos”, agregó, subrayando el impacto que tendría el retiro de los decretos que sustentan la acción militar en la zona.
La ponencia de la Corte sostiene que la crisis que dio origen al estado de excepción en enero de 2025 responde a problemas estructurales que no justifican el uso de medidas extraordinarias como la conmoción interior. De ser acogida esta recomendación, el decreto presidencial quedaría invalidado, afectando la continuidad de operativos y programas de asistencia desplegados en el Catatumbo.
Cabe recordar que hace pocos días, el gobierno Petro había ordenado levantar formalmente el estado de conmoción interior en la región, a la par que prorrogaba por noventa días la vigencia de una serie de decretos legislativos (106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025) expedidos para enfrentar la ola de violencia desatada principalmente por el ELN y las disidencias de las Farc.
“El Estado tiene el fin esencial de garantizar los derechos de la ciudadanía. No se puede eludir este principio”, enfatizó el presidente, quien defendió la necesidad de mantener las medidas excepcionales como forma de proteger a los campesinos del Catatumbo.
El decreto firmado por Petro justifica la continuidad de estas medidas señalando que “han contribuido a conjurar las causas que motivaron la declaratoria del estado de conmoción interior y evitar la expansión de sus efectos”.
La decisión final ahora queda en manos de la Corte Constitucional, en medio de un debate en el que chocan la protección de los derechos fundamentales, la estabilidad institucional y la necesidad de garantizar la seguridad de una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
