Los diputados de la Asamblea de Risaralda que ostentaban la curul entre los años 2016 y 2019, que fueron afectados con la formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación, se manifestaron seguros y tranquilos de su actuación al momento de entregar facultades al gobernador de la época Sigifredo Salazar, a quien según los investigados en ningún momento le obstruyeron el normal cumplimiento de su plan de desarollo.
De acuerdo con el Ministerio Público, al analizar las diligencias relacionadas con una solicitud de acción disciplinaria contra Julián Alonso Chica, Paola Andrea Nieto, Juan Carlos Valencia, Diomedes Toro, Alexánder García, Durgues Espinosa, Jhon Jairo Arias, Geovany Londoño, Vivian López, Hugo Armando Arango, Mario Marín y Fernan Caicedo, encontraron méritos para aperturar la investigación, por presunta renuencia para conceder facultades al gobernador de Risaralda para celebrar contratos durante la vigencia 2017.
Archivado
La Procuraduría Provincial de Risaralda, archivó el proceso, pero luego fue sometido a revisión por parte de la Sala Territorial con la Regional Quindío que decidió el archivo definitivo en favor de Geovany Londoño, Vivian López, Hugo Armando Arango, Mario Marín y Durgues Espinosa; al tiempo que conceptuó que se abriera investigación contra diputados Paola Andrea Nieto Londoño, Diomedes de Jesús Toro Ortíz y Juan Carlos Valencia Montoya, quienes fueron reelegidos, y los exdiputados John Jairo Arias Henao, Alexander García Morales, Fernán Caicedo Cuero y Julián Alonso Chica Londoño.
Las objetó
Para el asambleísta, del partido de la U, Juan Carlos Valencia Montoya, este es un tema del órden nacional, donde asambleas y concejos le dan facultades protémpore al mandtario de turno, en este caso la Asamblea le no le negó facultades al gobernador “nosotros aprobamos las facultades, cuando él tenía facultades, lo que pasó fue que las objetó al considerar que era poco el tiempo que le estaban dando y mientras se le volvía a dar trámite logicamente se quedó sin facultades por unos pocos días”, anotó Valencia.
Agregó el diputado de la U, que es respetuoso de la autoridad, pero si pide que se revise con juicio el tema, ya que no se puede considerar que hubo obstrucción al ejercicio del gobierno impidiendo la ejecución del Plan de Desarrollo, máxime cuando la Contraloría certificó que el plan de gobierno de Sigifredo Salazar fue sobresaliente, “entonces que fue lo que se entorpeció, si él cumplió con su plan de Desarrollo”, puntualizó el Corporado.
Extralimitación de funciones
Por su parte el exdiputado Jhon Jairo Arias Henao, explicó que en el 2017, la Asamblea recibió la solicitud de facultades para el Gobernador, las cuales se vencían el 15 de junio, pero es claro que el proceso de aprobación de una ordenanza tiene unos tiempos, los cuales en este caso fueron respetados.
“Nosotros no le negamos las facultades al gobernador, lo que pasó fue que al 15 de junio cuando se vencieron las que tenía, en el proceso de discusión, de pedir información y demás, se llegó al 4 de julio día en que se le aprobaron esas facultades, con dos modificaciones de artículos del proyecto que presentó, eso lo llevó a presentar la objeción”, patetizó Arias Henao.
Los dos artículos mencionados decían que mes a mes debería pasar informe de la contratación; además cada 30 días tendría que rendir un informe por escrito sobre lo que se hizo en materia de contratación, ese fue el motivo por el cual el gobernador de entonces, Sigifredo Salazar consideró que había extralimitación en las funciones de la Asamblea.
No obstante la Corporación accedió a darle las facultades solicitadas por mandatario, hasta el 31 de diciembre, cuando inicialmente eran hasta el 31 de octubre, “en ese proceso se fueron 4 días, lo cual dejó sin facultades al gobierno para contratar casi por un mes,no por negligencia de los diputados, sino por el trámite que tienen las ordenanzas; pero hay que tener en cuenta que las facultades del gobernador son precisas, claras, protémpore y no son obstáculo como lo dice el quejoso ante la Procuraduría, que se paró la administración y que el plan de desarrollo no se cumplió, eso es totalmente falso”, explicó el exdiputado.
Notificados los 7 investigados, procederán a su defensa, para lo cual de manera independiente harán los descargos y presentarán las pruebas, confiando en que el Procurador en su sabio proceder y en su juicio entienda que en ningún momento le negaron facultades al mandatario, solo que hubo una pequeña demora, pero todo por la misma legalidad del proceso.
Lo que puede pasar
Sobre el caso de los diputados, El Diario consultó con el exprocurador de Risaralda, Perches Giraldo quien explicó que lo que hizo la Formulación de cargos, es la imputación que le hace la Procuraduría, considerando que son presuntamente responsables del hecho denunciado, una vez notificados tendrán 10 días para presentar descargos y aporte de pruebas, luego viene un traslado de alegatos y finalmente el fallo de primera instancia.
Explicó que cualquiera que sea el fallo no afecta el desarrollo de funciones que estén desarrollando actualmente, ya que si hay una sanción, se aplica al momento en que oficiaban como diputados, en otra vigencia, es decir que de acuerdo con la gravedad que la Procuraduría estime la falta, se puede dar una sanción de suspensión entre uno y 12 meses, pero como ya no pertenecen al órgano coadministrador del gobierno de Sigifredo Salazar, entonces la sanción se convierte en una multa.
