La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sea enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por presuntas irregularidades en la contratación pública del departamento del Atlántico.
En una audiencia realizada ante un juzgado de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde comenzó a exponer los argumentos con los que busca una medida de aseguramiento intramural contra el exdiputado, a quien señala de haber participado en un entramado de corrupción alrededor de contratos suscritos entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, durante la administración de la exgobernadora Elsa Noguera.
Petro es investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. De forma paralela, afronta otro proceso penal que está próximo a llegar a juicio oral por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, derivado del escándalo que estalló en 2023 por el origen de su patrimonio.
El caso Fucoso: la tesis de la Fiscalía
Según la imputación presentada la semana pasada, la Fiscalía sostiene que desde agosto de 2021 Nicolás Petro habría intervenido en la contratación entre Fucoso y la Gobernación, en proyectos destinados a la atención de población adulta mayor en el Atlántico.
Para ello, de acuerdo con el ente acusador, el exdiputado se habría aliado con:
su entonces pareja sentimental Day Vásquez,
el exsecretario general del Atlántico Raúl Lacouture,
Pedro Name,
y Gustavo de la Ossa, representante legal de Fucoso.
En la audiencia, la fiscal Laborde recordó que, según la investigación, el secretario departamental “determinaba la elección de Fucoso por solicitud expresa” de Nicolás Petro, quien habría delegado en Day Vásquez el establecimiento de contactos y ajustes contractuales con la fundación, “todo bajo su orden, conocimiento, instrucciones previas y provecho económico”.
“Actividad ilícita en cadena”: la influencia y los beneficios
La Fiscalía describe el esquema como una “actividad ilícita en cadena”, en la que cada uno de los participantes obtenía beneficios.
De acuerdo con la exposición de Laborde, la influencia de Nicolás Petro se ejercía a través de Day Vásquez, aprovechando la relación política y personal con la administración departamental: habría existido un “interés de doble vía” entre el hijo del presidente y la exgobernadora Elsa Noguera, en el que ambos lados buscaban ventajas.
El ente acusador le atribuye a Petro el papel de “cabeza” del entramado, dando instrucciones a Vásquez para gestionar la contratación con Gustavo de la Ossa, Raúl Lacouture y Pedro Name, quienes, según se conoció en la audiencia, aún no han sido llamados a imputación.
Los audios y el rol de Day Vásquez
Una porción importante del expediente se apoya en la colaboración de Day Vásquez, quien entregó a la Fiscalía su teléfono celular cuando el caso estaba en manos del fiscal Mario Burgos. De allí se extrajo información –chats y audios– que hoy forman parte de las pruebas.
Por “prender el ventilador”, Vásquez obtuvo un principio de oportunidad parcial, que la exime de responsabilidad penal por ciertos delitos a cambio de su testimonio y de aportar evidencia.
En uno de los audios revelados en la audiencia, Vásquez habla con el representante legal de la fundación:
“Gustavo, ¿cómo estás? Me dijo Pedro que ya había quedado todo organizado, y Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar para que revisen todo para firmar. Él está de viaje y regresa el domingo, o sino el lunes él lo va a firmar. Te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella, para que la llames”.
Para la Fiscalía, esas conversaciones muestran la participación activa de Vásquez en la operación contractual, por encargo de Nicolás Petro, quien –de acuerdo con la tesis acusatoria– daba las órdenes y recibía parte de los beneficios económicos.
Riesgos procesales y próximos pasos
En su solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal Laborde advirtió sobre presuntos riesgos de obstrucción a la justicia, entre ellos el acceso indebido a información reservada del proceso y la posibilidad de que el exdiputado influya en testigos o en coindiciados que todavía no han sido imputados.
La defensa de Nicolás Petro ha negado las acusaciones y sostiene que se trata de un montaje en su contra. El exdiputado ya se ha declarado inocente de todos los cargos y ha insistido en que los contratos señalados tuvieron un trámite regular.
El juez de control de garantías deberá decidir si acoge o no la petición de la Fiscalía y envía a Nicolás Petro a un centro carcelario mientras avanza el juicio por el caso Fucoso, al tiempo que se aproxima el inicio del juicio oral por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el otro proceso que pesa sobre él.
La decisión que se tome en Barranquilla no solo marcará el rumbo judicial del hijo del presidente, sino que volverá a encender el debate político alrededor de la relación entre la justicia y el poder en Colombia.
