En un paso significativo hacia la regulación de las condiciones laborales de los empleados públicos, el Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 243 de 2024 el cual establece el procedimiento para la negociación de condiciones de empleo entre las entidades y autoridades competentes y las organizaciones sindicales públicas. Se aplicará a los empleados de todos los órganos, organismos y entidades del Estado.
Diego Alexander Agudelo, miembro de la junta directiva del sindicato de educadores y participante activo en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comparte su perspectiva sobre este nuevo decreto, explicando que esto representa un avance significativo, permitiendo que entidades territoriales en educación, administrativos y el sector público negocien directamente con las entidades pertinentes.
“Este nuevo decreto marca un hito significativo al permitir que las entidades territoriales en educación, administrativos y el sector público negocien directamente con los sindicatos. Por lo tanto consideramos que esto representa un avance crucial, ya que unifica criterios entre los sindicatos, facilitando la consolidación de todas las solicitudes en una única mesa de negociación. Este enfoque conjunto tiene el potencial de generar mejoras sustanciales en las condiciones de los trabajadores, que es lo que nosotros buscamos finalmente con estas gestiones”, agregó el sindicalista.
Una de las piedras angulares de este nuevo decreto es la promoción de la unidad en la negociación colectiva. Esto se traduce en la obligatoriedad de contar con una unidad de pliego, una comisión negociadora unificada sindical, una mesa de negociación y un acuerdo colectivo por ámbito de negociación. Estos ámbitos pueden variar desde lo nacional hasta lo territorial, sectorial y, en casos particulares, por entidad de carácter singular. La intención es consolidar un frente unificado en las discusiones laborales, fortaleciendo así la posición de los trabajadores y empleadores en la búsqueda de acuerdos.
“Desde la perspectiva de los trabajadores, esta consolidación en una única normativa es un paso importante ya que ahora, respaldados por el Ministerio del Trabajo, los trabajadores pueden negociar amparados por la ley, buscando mejorar no solo las condiciones del sindicato, sino también el bienestar de todos sus afiliados y sus familias”, agregó Agudelo.
Ámbito salarial
En lo que respecta a los aspectos salariales y prestacionales, la negociación se limitará al ámbito nacional. Este enfoque exclusivo busca alinear las discusiones con las posibilidades fiscales y presupuestales del país. La intención es establecer un marco que garantice la sostenibilidad financiera y la coherencia en las políticas salariales a nivel nacional.
El siguiente paso, según Agudelo, es la negociación interna con las entidades territoriales de Pereira, Dosquebradas y Risaralda. En esta fase, se espera llegar a acuerdos en puntos críticos del pliego de peticiones, particularmente en aspectos económicos.
“La unidad en acción de todos los sindicatos, que implica la participación conjunta en la negociación del pliego de solicitudes, marca un cambio significativo al eliminar circulares y resoluciones previas, dejando únicamente el Decreto 0243 como guía normativa”, agregó el representante de los sindicatos.
Modelo de negociación
El nuevo marco normativo busca impulsar la transparencia y la veracidad en las organizaciones sindicales de entidades públicas. Uno de los pilares fundamentales es la aplicación de principios como la transparencia, publicidad y veracidad en relación con el número de afiliados de cada sindicato. Para lograr esto, se establece la obligación de realizar un censo sindical bienal a cargo del Ministerio del Trabajo.
En cuanto a la modalidad de negociación, se establece como regla general que esta se realice de forma presencial en todos los ámbitos o niveles. Sin embargo, el marco normativo reconoce la necesidad de adaptarse a las circunstancias, permitiendo excepcionalmente la negociación de forma virtual o mixta. Esta flexibilidad en los métodos de negociación busca adecuarse a las dinámicas cambiantes y a las necesidades específicas de las partes involucradas.
Mejorar las condiciones
Actualmente, la negociación de los sindicatos del sector público está reglamentada por el Decreto 160. Sin embargo, con la reciente implementación del Decreto 243 de este año, se busca mejorar la forma en que los sindicatos participan en las negociaciones. Este cambio se basa en el número de afiliados que tiene cada organización sindical, otorgándoles representatividad en la mesa de negociación de acuerdo con su membresía.
Cosas por mejorar
Para Lina Montilla, representante de la CUT, a pesar de estos avances, aún quedan aspectos por mejorar. Uno de ellos es el papel del Ministerio del Trabajo como mediador en situaciones en las que no se logran acuerdos en la negociación con los empleadores, que en este caso son entidades del Estado.
“Esto limita las condiciones para negociar a nivel nacional, departamental y municipal. Creemos que es necesario seguir trabajando en la optimización de estos elementos para garantizar un proceso de negociación más efectivo y justo para las organizaciones sindicales del sector estatal”, argumentó la sindicalista.
