Los hospitales públicos del país son las entidades que con más rigor han sufrido la deficiencia del sistema de salud actual y su deterioro debido a las deudas por parte de las Entidades Prestadores del Servicio de Salud es progresivo. Esta consecuencia es uno de los pilares que apoya y justifica la Reforma Estructural al sistema de salud.
En este sentido, la expectativa frente a la Reforma al sistema es enorme; para la Asociación de Hospitales de Risaralda es una esperanza la transformación que va a generarse con la reglamentación de la ley estatutaria, puesto que uno de los principales fundamentos es fortalecer la red pública, lo cual podría traducirse en una mejor atención para la población.
“Uno de los planteamientos importantes es la transformación del hospital público colombiano, la eliminación de las barreras de acceso y la eliminación de autorizaciones para el usuario; lo cual, vemos con muy buenos ojos, en la medida en que la reforma tiene como su principal objetivo, garantizar el derecho fundamental a la salud”. Manifestó Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda.
La dirigente realizó el análisis de la situación actual y el panorama que se vería de aprobarse la Reforma como el Gobierno la propone.
SE ACABO EL NEGOCIO
Indicó que en la actualidad, el modelo de atención integral de la Ley 100, ha sido planificada pensando más en la parte financiera, y no en el usuario; incluso, se evalúa a los hospitales públicos de acuerdo con el equilibrio financiero, más allá de su labor social; en tanto que, aquellos que no cumplen son intervenidos o liquidados. Por eso, la necesidad de ese cambio importante en la estructura del hospital público; en que, el hospital público de baja complejidad debe estar garantizado su servicio, su financiación “como lo es en educación, en donde ningún rector de un colegio está buscando los recursos para atender a los estudiantes, porque tiene garantizada la financiación”.

DEUDA
En Risaralda, hoy la cartera llega a los 288 mil millones de pesos y, a nivel nacional el déficit hablando solo de EPS es de 7.5 billones de pesos. Eso significa, que las EPS no respondieron. Ante esto, la Asociación de Hospitales cree que el hecho de que, desaparezcan las EPS, no les asusta, pues, por el contrario, ven esto como un beneficio gigante; ya que, la plata va a llegar directo a quien realmente está prestando el servicio, sin esa intermediación financiera que se ha generado a través del tiempo.
¿Y LOS USUARIOS?
Además, para el usuario también va ser una fortaleza, debido a que hoy en día, la atención al usuario depende de la EPS la cual esté afiliado, si a esa entidad le está yendo bien, recibe atención porque tiene un carné que lo respalda; mientras que si la empresa tiene problemas financieros no recibe atención oportuna.
En relación a esto, la propuesta del Gobierno Nacional pretende que la salud realmente sea un derecho fundamental; por lo tanto, el usuario solo tendrá que adscribirse a la institución donde le van a prestar los servicios, y no necesita autorizaciones, porque claramente los servicios están contemplados dentro de lo que se paga por parte del gobierno a los prestadores.
En ese sentido, va a ser mucho mejor para el usuario, puesto que no va a tener el problema que ha generado la integración vertical de las EPS; es decir, si yo vivo en Cuba, podría recibir atención en la E.S.E Hospital San Joaquín, sin necesidad de desplazarme hasta el Centro de Pereira o Pinares, como sucede hoy.

TRANSICIÓN
Por otro lado, Zuluaga manifestó que el Gobierno Nacional contempla la posibilidad de que instituciones públicas hagan parte del periodo de transición; con dos grandes objetivos, uno que el usuario no tenga dificultades en la atención; independientemente, si se acaban las EPS, el prestador llámese hospital o clínica lo va a seguir atendiendo. Y dos, los prestadores van a recibir directamente los recursos.
LA CIFRA
$1.2 billones de pesos invertiría el Gobierno en el modelo de promoción y prevención.
EXCLUIDOS
Hace poco el Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por la Asociación de Hospitales a nivel nacional, debido a que un decreto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, permitió el traslado de usuarios del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo, sin la obligatoriedad de contratar con la red pública, generando mayores barreras de acceso para los usuarios y, adicionalmente problemas económicos a los hospitales. Por tal razón, hoy vemos como las instalaciones de las propias EPS se encuentran colapsadas, mientras que las instituciones públicas como el hospital Santa Mónica en Dosquebradas, la E.S.E Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia y la E.S.E Salud Pereira, tienen instalaciones subutilizadas que podrían perfectamente garantizar esa atención integral al usuario; sin embargo, estos servicios no son contratados en la red pública.
DATO
En el caso particular de los medicamentos es muy grave que las EPS no tienen integralidad con la red pública en los municipios donde son los únicos prestadores del servicio, y el usuario debe trasladarse hasta Pereira para reclamar los medicamentos.
LO BÁSICO
La salud es un derecho fundamental y es necesario garantizar servicios como urgencias y hospitalización; pues de ello, depende la vida; así las cosas, los cambios que en este momento se están planteando son necesarios para eliminar el tema del negocio por encima del derecho a la salud.



