La Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación contra el congresista Juan Pablo Gallo, junto con otros seis congresistas, por su presunta participación en el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta investigación se basa en la compulsa de copias remitida por la Fiscalía, que encontró indicios de irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de carrotanques destinados a abastecer de agua potable a La Guajira.
El abogado Carlos Olivares, ha explicado los detalles del proceso de investigación que se viene ahora en la Corte, advirtiendo que la Corte Suprema ha iniciado el proceso con una indagación preliminar, que implica la validación de la existencia del hecho delictivo y la identificación de las personas involucradas. Durante esta fase, se recopilan pruebas para determinar la veracidad de las acusaciones. Esta etapa puede extenderse entre seis y doce meses, debido a la cantidad de actores involucrados.
“Esta investigación nace de un informe generado por un declarante a través de un proceso de investigación sobre el caso conocido popularmente como los ‘carrotanques’. Dentro de este proceso, un declarante, en este caso Olmedo López, establece que hay nueve congresistas y varios ministros involucrados en el tema de comisiones, prebendas y beneficios dentro de un proceso de contratación. En esa relación aparece como uno de los supuestos beneficiarios el senador Juan Pablo Gallo Maya, sin embargo, la mención del Senador Gallo por parte del señor López, no quiere decir que ya esté implicado en el caso, por eso mismo la corte dio inicio a la indagación para comprobar la veracidad de estas declaraciones “, argumentó el abogado.
Olivares también argumenta que, dentro de la indagación, la Corte podría citar al senador Gallo para que presente su versión de los hechos y así mismo recoger otros testimonios y pruebas. En caso de comprobarse su vinculación, el Senador podría enfrentar inhabilitación inmediata y otras sanciones.
Olivares explica que “Si se genera una vinculación al proceso y se estima que realmente hace parte del hecho, se iniciaría una segunda etapa llamada instrucción, donde se presentaría el caso ante la Corte en pleno y se podrían tomar medidas preventivas correspondientes”.
Los implicados
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, junto con el ex subdirector Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, también están implicados en este escándalo. López ha señalado que algunos congresistas, incluyendo a Juan Pablo Gallo, habrían recibido beneficios indebidos en el marco de estos contratos.
El nombre del el senador Juan Pablo Gallo sonó ya que hace parte de una de las comisiones económicas donde se discute el Presupuesto General de la Nación. A través de esta comisión, se aprobaron recursos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
En las últimas horas se conoció que dos de los abogados de Olmedo López, renunciaron por temor a ser asesinados luego que se filtraran las declaraciones del exdirector a la corte Suprema de Justicia.
Durante las investigaciones preliminares, se ha destacado que estos actos de corrupción involucran delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad ideológica en documento público, entre otros.
La apertura de esta investigación pone de relieve la necesidad de esclarecer la participación de cada uno de los implicados y determinar las responsabilidades correspondientes. La Corte Suprema de Justicia será la encargada de llevar a cabo esta indagación, con el fin de garantizar que se haga justicia y se mantenga la integridad en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de desastres.
Olmedo López entregó a la Fiscalía una matriz con los nombres de los implicados en el caso de corrupción de la UNGRD. En declaraciones filtradas, el exdirector proporcionó más detalles que involucran al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Según López, tiene todo registrado en una libreta personal, incluyendo una adición presupuestal en mayo, gestionada por el ministro Bonilla. Esta adición, de 208 mil millones de pesos, se otorgó antes de una reunión clave entre altos funcionarios del Estado e interesados en la contratación de la UNGRD.
