La virtualidad frenó agenda legislativa del Congreso

La MOE cuestionó la labor del poder legislativo, que no aprobó una sola propuesta de ley para contrarrestar la crisis originada por el COVID-19

Durante el período de sesiones del Congreso que transcurrió del 13 de abril al 20 de junio, el legislativo fue un espectador frente a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, en lugar de ser el escenario de control político y de formulación de propuestas ante la crisis que atraviesa el país.

Este fue el cuestionamiento que hizo la Misión de Observación Electoral, MOE, en el que la directora, Alejandra Barrios Cabrera reiteró que el debate de la virtualidad desplazó los principales temas de la agenda legislativa, no se aprobó una sola propuesta de ley para contrarrestar la crisis por el COVID-19, y el 92% de las iniciativas presentadas se hundieron sin que se surtiera el primer debate.

Barrios anotó que el gobierno nacional no presentó ninguna iniciativa legislativa al Congreso en el primer semestre del año. Esto contrasta con los 115 decretos legislativos emitidos en un período de dos meses, con  ocasión  de  la  emergencia  sanitaria  generada  por la pandemia.

Sin embargo, entre el 13 de abril y el 20 de junio, la discusión al interior del Congreso se centró sobre la posibilidad  de  sesionar  virtualmente  para  cumplir  con  las  funciones  del  Congreso  en  el  marco  de  las  medidas sanitarias.

El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que reafirma la autonomía del Congreso de la República para la definición de los procedimientos legislativos adaptados a la emergencia ocasionada por el coronavirus, dirime muchas de las controversias que afectaron el inicio oportuno de las sesiones del periodo  pasado.

De  acuerdo con la Misión de Observación Electoral, “esta  decisión  permite  que  de  manera  inmediata  el  legislativo  pueda  retomar  sus  funciones  y  bajo  ninguna  circunstancia  se  generen  demoras  injustificadas  en  los  trámites que se inician o que venían de la legislatura pasada”.  “Lo anterior retoma aún mayor importancia si se tiene en cuenta que en este segundo semestre del año se llevarán a cabo las primeras elecciones virtuales o semipresenciales en la historia de Colombia en las que se  elijan  Procurador  General  de  la  Nación,  el  Defensor  del  Pueblo  y  un  Magistrado  de  la  Corte  Constitucional” recordó la Directora de la MOE.

En trámite

De las 28 iniciativas legislativas que se presentaron en el segundo periodo de la legislatura, relacionadas con  la  atención  a  la  crisis  por  el  COVID  -19,  solo  tres  se  mantienen  en  trámite  para  la  siguiente  legislatura,  ya  que  las  otras  25  ni  siquiera  surtieron  el  primer  debate.  Para  Barrios:  “resulta  contradictorio  que  las  medidas  propuestas  para  atender  el  contexto  de  emergencia  fueran  archivadas  precisamente por la imposibilidad de sesionar derivada de la emergencia”.

En materia político-electoral hubo un estancamiento marcado, ya que en la legislatura 2019 – 2020 se radicaron 33 proyectos de ley y acto legislativo (reformas a la Constitución). De estos, solo 6 iniciativas  seguirán  su  trámite  en  el  Congreso  que  hacen  referencia  a:  la  revocatoria  de  mandato de alcaldes y gobernadores, incompatibilidades de concejales, atribuciones de alcaldes locales y Juntas Administradoras Locales en Bogotá, violencia política contra las mujeres, financiación para la inclusión  política  de  la  mujer,  y  sesiones  virtuales  en  el  Congreso  de  la  República.  El  resto  de  las  iniciativas normativas presentadas por los congresistas se archivaron de acuerdo con la Ley 5 de 1992, por su falta de discusión y trámite.

Aunque  fueron  numerosos  los  debates  de  control  político,  la  MOE  observa  con  preocupación  que  se  desnaturalice su función, pues estos se convirtieron únicamente en espacios para la rendición de cuentas por parte del Gobierno, en los que no hubo una valoración o juicio por parte del Legislativo. La Misión, tuvo conocimiento de dificultades presentadas en el examen realizado por el Senado al informe presentado por el Gobierno sobre la primera declaratoria de emergencia y las medidas adoptadas.

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