Las opiniones sobre la ley sancionada van desde el apoyo hasta la condena por restricción de las libertades constitucionales. El hacinamiento en cárceles es una de las preocupaciones.
Con fuertes críticas por un lado y apoyos por el otro la Ley de Seguridad Ciudadana vio la luz en su primer día luego de la sanción del Presidente Iván Duque.
Los partidos de oposición en Colombia ya anunciaron que será demandada por inconstitucional mientras que los grupos que forman parte del partido de gobierno o afines, defienden la bondad de la ley.
La Ley fue aprobada en el Congreso de la República a finales de 2021 y de acuerdo con sus autores, ministros del presidente Duque, y fuerzas armadas, permitirá contar con herramientas para combatir la delincuencia y endurecer las penas haciendo más fuerte a la justicia en defensa de la comunidad.
EL DIARIO consultó la opinión de dirigentes, defensores de derechos humanos y aspirantes a Senado y Cámara en Risaralda frente a la ley de seguridad ciudadana.
Eisenhower Zapata. Defensor de derechos humanos Risaralda
Un problema de seguridad no se arregla con más leyes ya hay muchas y lo que hay que hacer es hacerlas cumplir, revisar si los ineficientes son los jueces cuando no envían a la cárcel o la falla es de la Fiscalía que no hace los procedimientos correctamente.
El problema está en revisar la política criminal, aumentar las penas eso en poco o nada ayuda el proceso requiere de unas reformas institucionales, reformar la Policía no es cambiar el nombre o la pintura de los carros, es formar al hombre que recibe órdenes.
la Policía perdió todo grado de confianza llevaban 8 años recuperándola y la perdieron en el estallido social.
Sammy Merheg Senador Conservador
El mensaje es positivo. Es muy importante porque todos los ciudadanos nos hemos sentido muy expuestos, Cada vez que un hombre con un arma letal ataca o mata por robar un celular deben pagar su pena en la cárcel. Si se le meten a uno al carro o a la casa debe tener la posibilidad de legítima defensa, es fundamental.
Ivan Marulanda. Senador Alianza Verde
Es una improvisación más en la infinita en la infinita legislación colombiana que está llena de leyes y que va a demostrar que la seguridad no es un problema de leyes. Mientra haya corrupción en el gobierno, en el Congreso y la gente sufra sin recibir solidaridad del Estado habrá inseguridad
Está demostrado que la solución no es de cárcel, Policía o Ejército sino de quitarle al Estado la corrupción y generar soluciones sociales. Es, entre otras cosas, un intento más de limitar las libertades constitucionales y los derechos a la protesta.
Juan Carlos Rivera. Representante a la Cámara Conservador de Risaralda.
Es importante que se haya sancionado. Tiene cambios sustanciales que permiten reformar las penas y las reincidencias, no es posible que quien hurta al otro día esté en la calle robando de nuevo.
Igualmente, acabar con los privilegios de los corruptos para que no paguen sus deudas con la sociedad desde la casa es un cambio significativo. No se restringe el derecho a la protesta lo que se restringe es el vandalismo. Es muy complicado que a una persona le intenten hacer daño y no pueda defenderse.
El Congreso necesita debatir el tema de cárceles para generar soluciones de fondo, en la actualidad las condiciones son infrahumanas.
Alejandro García. Candidato a la Cámara. Coalición alternativos.
Claramente, la seguridad es uno de los pilares para desarrollarnos sanamente como sociedad. Es preocupante el aumento de delitos que al final quedan impunes.
Pero no basta con aumentar la pena, se debe agilizar la investigación para que el proceso llegue a buen término y, a su vez, desarrollar estrategias para la resocialización de la persona y evitar la repetición del delito.
Aumentar la condena es más un acto simbólico. Más años de pena no son garantía para mejorar la convivencia, la seguridad y la justicia.
RECUADRO 1
Los puntos claves de la ley de seguridad
1- La reincidencia se paga, por lo que la pena será más grave para quienes en los últimos 5 años hayan sido condenados por delitos dolosos.
- Quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana que es de 58,3 años de prisión.
- Será un delito el porte de arma blanca en evento masivo.
- Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
- Se establece la Legítima Defensa Privilegiada, la cual se deberá presumir cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo.
- Se considerará peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.
- Los miembros de la Fuerza Pública podrán usar el sistema de transporte masivo cuando se encuentren en servicio activo.
- Se reduce el monto de las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
- Quien hurte un bien de más de cuatro millones de pesos tendrá una condena no excarcelable.
- Se podrán realizar Alianzas Público Privadas (APP) para la construcción y dotación de las cárceles del país.
DESTACADO
“Las cárceles en Colombia tienen condiciones infrahumanas, El compromiso del Congreso debe ser un debate y solución de fondo a este tema, No basta con la cárcel es más importante la prevención” Juan Carlos Rivera.
