El discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 22 de septiembre en Nueva York, desató una fuerte polémica en el país. El mandatario denunció que jóvenes latinoamericanos han sido víctimas de ataques con misiles ordenados por Estados Unidos en operativos antidrogas en el Caribe, lo que, según él, evidencia un trato desigual hacia las sustancias ilícitas dependiendo de si provienen del norte o del sur.
“Han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano”, afirmó Petro, quien además señaló la muerte de más de 15 jóvenes y el encarcelamiento de miles de caribeños, incluidos habitantes de San Andrés y Providencia, por transportar sustancias que la ONU califica como peligrosas solo porque provienen del sur.
Las declaraciones generaron inmediatas reacciones en la oposición. La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, criticó duramente al jefe de Estado a través de su cuenta de X: “Qué vergüenza que el presidente de Colombia use la tribuna de la ONU en Estados Unidos para defender a los bandidos del Cartel de los Soles, a narcotraficantes que viven de envenenar al mundo con cocaína”.
El discurso de Petro no solo apuntó contra la política antidrogas estadounidense, sino también contra la reciente decisión de descertificación a Colombia en esa materia. En un tono desafiante, el presidente cuestionó directamente al expresidente Donald Trump: “¿Eso es democracia o barbarie?”.
Durante su intervención en el Diálogo de Alto Nivel sobre Soluciones para la Financiación Climática, Petro calificó la medida del Departamento de Estado como un atentado contra la soberanía nacional y un ataque personal: “Recientemente, lo que sucede en Colombia es que yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero (…) ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo?”.
El mandatario insistió en que la descertificación va más allá de un asunto técnico sobre drogas y representa una decisión política que desconoce su legitimidad como jefe de Estado.
Con este nuevo capítulo, la postura internacional de Petro sobre la política global de drogas vuelve a dividir la opinión pública en Colombia: mientras sectores afines destacan su valentía al denunciar un sistema desigual, la oposición lo acusa de defender a grupos criminales y poner en riesgo la imagen del país en escenarios internacionales.
