De los 14 municipios que tiene Risaralda, la mitad están en riesgo electoral según indicadores obtenidos por la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo, en Colombia 315 municipios se encuentran en riesgo electoral por diferentes delitos, de los cuales sobresalen las presuntas irregularidades en torno a la propaganda política en las campañas de los candidatos a cargos públicos.
Ante la delicada situación, el representante del Ministerio Público le solicitó al Gobierno nacional, adelantar un censo de necesidades, la actualización del plan Ágora, estructurar un plan de emergencia para atención en seguridad y declarar alerta roja.
Los informes suministrados por la Procuraduría, de los cuales tiene conocimiento la Misión de Observación Electoral, MOE, indican que en Risaralda 7 municipios enfrentan riesgos que podrían afectar el buen desarrollo de las campañas electorales.
Figuran el mapa de riego electoral, además de la capital Pereira, los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Pueblo Rico, Marsella, Santuario y La Virginia.
“Los procesos electorales siempre son el peor escenario para que se agudice esa violencia”, insistió Carrillo Flórez.
El Índice de Riesgo Electoral – IRE -, diseñado por la Procuraduría General con base en mediciones de violencia, comportamiento electoral y capacidad institucional de las regiones, permitió identificar que 315 municipios del país se encuentran en riesgo alto para las próximas elecciones.
De igual manera identificaron 45 líderes y lideresas aspirantes a cargos de elección popular con amenazas. “Por eso requerimos al Gobierno nacional que adelante un censo de necesidades, actualice plan Ágora y estructure un plan de emergencia para atención en seguridad”, se dijo.
Según la MOE en Risaralda existe un total de 27 denuncias ciudadanas; 14 de ellas son por irregularidades en publicidad y medios de comunicación, tres sobre irregularidades relacionadas con voto libre, cuatro en irregularidades en función pública, una en irregularidades por parte de autoridades electorales, una más que tiene que ver con la financiación, dos sobre las calidades de los candidatos y dos relacionadas con la inscripción de cédulas.
Dichas denuncias fueron enviadas a la Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral y Registraduría.
Actualmente la Procuraduría a través de un Puesto de Mando, Monitoreo y Control en asuntos electorales, ubicado en Bogotá, recibe quejas y denuncias de todo el país, e interviene ante las autoridades competentes para garantizar la protección, seguridad y acompañamiento a los candidatos amenazados.
