El presidente Gustavo Petro confirmó que su Gobierno destinó recursos públicos para contratar abogados en Estados Unidos con el fin de adelantar su defensa jurídica personal y la de su esposa, Verónica Alcocer, ante autoridades de ese país, en medio del proceso relacionado con su eventual inclusión en la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”.
La contratación, por un valor cercano a los 10.000 millones de pesos, ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y de opinión, y ya es objeto de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación.
El mandatario defendió públicamente la decisión y el monto del contrato, al asegurar que responde a las consecuencias de gestiones realizadas por políticos de la oposición en Estados Unidos. A través de su cuenta en redes sociales, Petro afirmó que estas visitas buscaron generar acciones en su contra y justificó así el gasto en defensa jurídica.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más”, escribió el jefe de Estado.
La reacción del presidente se dio tras un mensaje de la periodista Salud Hernández, quien cuestionó que Petro actuara como si el Estado fuera su “banco personal”. Frente a estas críticas, el mandatario insistió en que la contratación es una respuesta a presiones políticas internacionales.
De acuerdo con la información conocida, la Presidencia de la República suscribió un contrato directo con la firma Amadeus Consultancy Limited, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación. El objeto del acuerdo es la prestación de servicios de asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y de la primera dama ante autoridades estadounidenses.
Ante la polémica, la Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. El Ministerio Público también busca verificar si el uso de recursos públicos para este fin se ajusta a la normativa vigente.
Mientras avanzan las investigaciones, el debate continúa en el escenario político y jurídico del país, donde se discute si la defensa personal del presidente en el exterior debe ser asumida con recursos del Estado o de manera privada.
