Por incurrir en presuntas irregularidades en contratación y sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) vigencia 2015, la Procuraduría General de la Nación, sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al ex alcalde de Pueblo Rico, Risaralda, Nicolás Antonio Gutiérrez Duque y a la exsecretaria de Despacho con Funciones de Gobierno del municipio, Lina María Granada Ramírez.
La Provincial Pereira encontró que el exmandatario local y la secretaria quebrantaron los principios de economía y responsabilidad de la función administrativa al suscribir el Convenio de Asociación No. 194 de 2015, con la Fundación para el Desarrollo del Capital –Kayros–, con el objeto de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar, consistente en brindar un complemento alimentario durante 75 días a 779, niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial del municipio”.
El órgano de control estableció que el negocio jurídico fue suscrito sin que contara con estudios y documentos previos que soportaran el valor estimado del contrato, los análisis de las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y su monto; y como lo señalaron en los informes la Contraloría General de Risaralda y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, hubo sobrecostos por más de $106 millones de pesos en el valor de las raciones.
La Procuraduría advirtió que el alcalde debía actuar con transparencia y honestidad en la búsqueda del beneficio público, conforme a las reglas de la administración de bienes ajenos, más aún, en razón a que con la suscripción del negocio jurídico se comprometieron recursos por $ 218.298.925,26.
Se estableció que la exsecretaria presentó al alcalde los estudios previos para adelantar el proceso de contratación, los cuales carecían de un análisis de las condiciones financieras que justificaran el valor estimado del contrato en monto superior al fijado por el Ministerio de Educación Nacional para contratar el servicio del PAE en Risaralda en las vigencias 2014 y 2015.
Se conoció que los dos exfuncionarios presentarán el recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Risaralda.
Pliego de cargos
Por otra parte se conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el actual presidente del concejo de Dosquebradas, Miguel Ángel Rave Rojo, y la secretaria de la corporación que ejerció durante el período 2016-2019, Ana Marcela Giraldo Alvis, por presunta vulneración de los principios que rigen la contratación estatal
La Procuraduría Provincial de Pereira busca determinar si los investigados al participar en la etapa precontractual de la Invitación de Mínima Cuantía número 004 de 2016, por valor de $14.120.760, para obras de mejoramiento y mantenimiento de oficinas y el recinto del concejo municipal presuntamente desconocieron los términos mínimos de publicación tanto en el cronograma del proceso, como en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Así mismo, al parecer concedieron plazo de un día hábil para la presentación de ofertas, tiempo inferior al legalmente establecido, con lo que posiblemente contrariaron lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.
