El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó ante la Cámara de Representantes la propuesta de reforma política del gobierno nacional, que tiene como objetivo transformar el sistema político colombiano. Esta reforma se articula en torno a tres pilares fundamentales: la financiación estatal de las campañas, el fortalecimiento de los partidos y la independencia de la autoridad electoral.
El primer pilar busca implementar la financiación estatal de las campañas con el propósito de garantizar igualdad y transparencia en los comicios. La medida propone eliminar la financiación privada, permitiendo que el Estado financie las campañas a través de anticipos, lo que reduciría los riesgos de corrupción. Según el ministro Cristo, “si no cambiamos el sistema político en Colombia, no vamos a ser exitosos en la lucha contra la corrupción”.
En este contexto, Carlos Olivare, abogado y analista político, proporcionó más detalles sobre los mecanismos financieros que propone la reforma. Los partidos políticos en Colombia actualmente reciben financiación estatal cada año, basada en los resultados que obtuvieron en elecciones pasadas, es decir, de acuerdo con su desempeño electoral histórico. Este dinero es utilizado por los partidos para apoyar a sus candidatos en campañas futuras.
“Bajo la nueva reforma, se introducirá un concepto de “devolución de fondos”, lo que significa que si un partido no alcanza el umbral de votos requerido en una elección, podría solicitar que una parte de los fondos que ya recibió sean devueltos o reintegrados. Esto funcionaría como una medida de ajuste financiero para los partidos que no logran mantener su nivel de votación. Por ejemplo, mencionó que si el Partido Liberal recibe 8.000 millones de pesos en 2024 y no alcanza el umbral de votos previsto, podría solicitar la devolución de parte de esos fondos”, señaló Olivares.
Este aspecto de la reforma busca regular la eficiencia en el uso de los recursos públicos por parte de los partidos, incentivando una gestión más responsable de los fondos asignados por el Estado.
“Sin embargo este tipo de mecanismos también pueden ser complicados en su implementación, ya que los umbrales de votación, el manejo de los recursos y las reglas para las devoluciones podrían generar controversias y dificultar la operatividad del sistema”, agregó el analista.
A pesar de estos detalles técnicos, Olivare expresó su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma. Considera que esta propuesta es “una colcha de retazos de muchas reformas anteriores”, ya que, en los últimos años, el Congreso ha debatido sin éxito varias propuestas de reforma política. En su opinión, la discusión en torno a temas tan sensibles como el voto obligatorio y la paridad de género en las listas electorales (50/50) son desafíos considerables, debido a la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas del país.
El analista también insinuó que el gobierno podría estar buscando un beneficio político a través de la propuesta de voto obligatorio, ya que, al aumentar la participación electoral, se podría favorecer a las fuerzas que actualmente están en el poder. Sin embargo, reiteró su percepción pesimista al afirmar que no cree que esta reforma alcance el umbral necesario para ser aprobada, debido a las complejidades y resistencias que enfrenta en su discusión.
En resumen, aunque la reforma política tiene como objetivo transformar profundamente el sistema electoral en Colombia, aspectos técnicos como la financiación estatal, la devolución de fondos y las propuestas de voto obligatorio y paridad de género generan un debate considerable, con analistas como Olivares que cuestionan su efectividad y viabilidad.
La bueno y lo malo
El diputado de Risaralda, Juan Carlos Valencia, ofreció su opinión sobre la propuesta, destacando la importancia de cambiar las malas prácticas políticas y sanear la democracia, afirmando que la reforma podría ayudar a combatir la compra de votos y mejorar el sistema electoral.
“Uno de los puntos que considero positivos es la conversión del Consejo Nacional Electoral en una Alta Corte Electoral, cuyos miembros serán elegidos por un periodo de seis años, dividiendo su nombramiento entre la Corte Constitucional y otras instancias judiciales. Así como también se destaca la propuesta de ofrecer transporte gratuito el día de las elecciones, eliminando el pago privado de este servicio, lo que reduciría uno de los costos más altos en las campañas electorales”, agregó el diputado.
Sin embargo, Valencia expresó ciertas preocupaciones. Señaló que la reforma no fue concertada adecuadamente con todos los sectores políticos, destacando que el Pacto Histórico, el movimiento político que impulsó la reforma, solo cuenta con el 19-20% del Congreso, lo que podría dificultar la aprobación de la iniciativa.
“También es un aspecto a destacar el retorno a las listas cerradas con la implementación de la “cremallera” de alternancia de género (hombre-mujer) es algo positivo, pero lamento que su aplicación se haya pospuesto hasta 2027, en lugar de las elecciones de 2026”, argumentó Valencia.
Otro de los aspectos controversiales para el líder político es el requisito para obtener la personería jurídica, que implica que los movimientos políticos deban contar con afiliados que representen al menos el 1% del censo electoral, lo que equivale a cerca de 400.000 personas. Según el diputado, esto podría facilitar la creación de numerosos partidos políticos, llevando a una fragmentación del sistema y, en lugar de fortalecer la democracia, generando lo que describió como “anarquía electoral”.
La reforma política, aunque ambiciosa, enfrenta diversos desafíos en su camino por el Congreso. Los diferentes sectores políticos deberán analizar detenidamente sus implicaciones para el futuro del sistema democrático colombiano.
