La reforma tributaria del Gobierno nacional quedó prácticamente hundida. Dos ponencias de archivo —una en la Cámara de Representantes y otra en el Senado— coincidieron en frenar el proyecto, que desde hace semanas venía perdiendo respaldo político y social. Con estas decisiones, el Ejecutivo se queda sin mayorías y enfrenta el escenario más adverso desde que presentó la iniciativa.
El golpe más contundente llegó desde el Senado. El congresista Efraín Cepeda radicó una ponencia de archivo que reunió 10 firmas de los 17 miembros de la Comisión Tercera, configurando una mayoría suficiente para bloquear cualquier avance del proyecto. El mensaje, según el propio Cepeda, es inequívoco: el país no soporta más cargas tributarias.
“Es una mayoría absoluta para que esta reforma tributaria no le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias de la población. Hablo de las clases bajas porque con el impuesto al carbono se incrementa el precio de la gasolina y tenemos en el país 12 millones de motos de las clases bajas y medias”, señaló el senador.
La ponencia de Cepeda fue respaldada por Juan Pablo Gallo, Ciro Ramírez, Juan Carlos Garcés, Antonio Zabaraín, Mauricio Gómez, Liliana Bitar, Jairo Castellanos, Karina Espinosa y María Angélica Guerra. En el documento, los firmantes argumentan que la iniciativa “no responde a las necesidades estructurales del país” y que, incluso, podría agravar la situación fiscal al desestimular la inversión, el ahorro y el empleo.
Cámara de Representantes también se alinea: “El país llegó a su límite impositivo”
Mientras el Senado cerraba filas, en la Cámara de Representantes la congresista Katherine Miranda radicó su propia ponencia de archivo. Su postura recoge el malestar extendido en distintos sectores que ven en la reforma una amenaza para la estabilidad económica de los hogares.
Miranda criticó con dureza el alcance del proyecto gubernamental:
“Una reforma que pretende recaudar 26 billones de pesos metiéndole la mano al bolsillo a colombianos que ya no aguantan más impuestos (…) insiste en subir aún más la gasolina, pese a que el presidente Gustavo Petro diga lo contrario. Ese aumento golpea a campesinos, transportadores y trabajadores, y termina encareciendo los alimentos y la vida de todos”.
La representante lanzó además un mensaje directo al Ejecutivo, cuestionando su capacidad de austeridad:
“Lo que Colombia necesita es un gobierno austero que deje de derrochar en viajes, comitivas, lujos y gastos innecesarios. Un gobierno que recorte la contratación excesiva y que deje de cargarles sus errores a los colombianos”.
Las razones económicas detrás del archivo
La ponencia detalla los impactos que, según Miranda y otros sectores, tendría la reforma sobre la producción, el crecimiento económico y la competitividad. Entre los puntos más críticos se señalan:
Aumento en tarifas para personas naturales hasta del 41%.
Gravámenes sobre inflaciones y eliminación de deducciones.
Desincentivos al ahorro y al mercado de capitales por mayores impuestos a dividendos.
Mantener una tarifa de renta empresarial del 35%, muy por encima del promedio OCDE (23%).
Reactivar un impuesto al patrimonio más amplio.
Incrementar costos productivos con un impuesto al carbono “de carácter recaudatorio, no ambiental”.
Reintroducir un 1% sobre ingresos brutos en hidrocarburos y carbón.
Para los defensores del archivo, la reforma “encarece la producción, debilita el crecimiento y manda señales equivocadas en un momento de desaceleración económica”.
Un proyecto sentenciado antes de votarse
Con las dos ponencias en curso y el ambiente político enrarecido, la reforma tributaria parece condenada antes de llegar a votación. El Gobierno, que defendió la iniciativa como un mecanismo para estabilizar las finanzas públicas, deberá ahora replantear su estrategia fiscal ante la evidente resistencia del Congreso.
El mensaje legislativo es contundente: este no es el momento para aumentar la carga impositiva a los colombianos.
