El Registrador Nacional, Hernán Penagos, ha salido a la palestra pública para enfrentar duras críticas y acusaciones relacionadas con la adjudicación del contrato de logística electoral para las elecciones locales de 2026, otorgado a la empresa Thomas Greg & Sons por un valor de $41.000 millones. Las críticas han provenido principalmente de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, que cuestionó la pluralidad de oferentes en el proceso. Penagos, sin embargo, defendió la legalidad y transparencia de la adjudicación, insistiendo en que todos los procedimientos fueron llevados a cabo conforme a la Ley 80 de Contratación Pública.
En una rueda de prensa que duró más de una hora, Penagos explicó que el proceso estuvo bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación desde el principio. “La Procuraduría estuvo presente en todo el proceso de licitación y no encontró riesgos o irregularidades que ameritaran observaciones,” subrayó el registrador, añadiendo que se trata de un procedimiento riguroso y transparente, supervisado en todo momento por los organismos de control competentes. “Este no es un tema de percepción, es un tema de hechos”, dijo Penagos, reiterando su confianza en la legalidad de la adjudicación.
El origen del conflicto radica en la afirmación de la Oficina de Transparencia, dirigida por el Secretario Andrés Idárraga, quien señaló posibles fallas en la pluralidad de oferentes y denunció la presunta concentración del proceso en un único contratista. “Cumplimos con todos los requisitos que establece la Ley 80. Invitamos a proponentes tanto colombianos como extranjeros, y la convocatoria fue completamente pública y abierta. No hubo ningún tipo de restricción o sesgo en la selección”, respondió el registrador, rechazando las acusaciones de falta de pluralidad.
Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando el Secretario de Transparencia anunció que el Gobierno presentaría una denuncia penal en contra de Penagos, alegando irregularidades en el proceso de contratación. “Estamos evaluando acciones judiciales, porque hay elementos que sugieren que este proceso no se manejó con la debida transparencia”, dijo Idárraga, asegurando que el caso se llevará ante la justicia.
En respuesta a las amenazas legales, Penagos fue enfático al afirmar que la Registraduría Nacional es una entidad autónoma e independiente, y que los funcionarios públicos deben rendir cuentas ante los órganos de control establecidos, como la Procuraduría y la Contraloría, y no ante funcionarios del Gobierno. “Un funcionario de un Gobierno no puede dictaminar quién comete actos ilegales o no. Eso le corresponde a las autoridades judiciales y de control”, afirmó el registrador, en lo que muchos han interpretado como una clara crítica a lo que considera una intervención indebida del Ejecutivo en los asuntos internos de la Registraduría.
Penagos también aprovechó el espacio para defender el papel histórico de la Registraduría en la preservación de la democracia en Colombia. “La Registraduría ha sido el pilar fundamental de la democracia en este país. Nosotros hemos organizado y supervisado cada proceso electoral con la más absoluta transparencia, y no permitiremos que se pongan en duda nuestras actuaciones sin pruebas concretas”, subrayó. Además, señaló que la institución ya ha comenzado a trabajar de la mano con observadores internacionales para garantizar la legitimidad y transparencia de los comicios de 2026, enviando así un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.
Uno de los anuncios más importantes que realizó Penagos durante su intervención fue la creación de un nuevo portal web que permitirá a todos los ciudadanos acceder a los documentos relacionados con el proceso electoral. “Estamos comprometidos con la transparencia, y por eso vamos a publicar todas las actas y documentos electorales en línea. Cualquier ciudadano podrá acceder a esta información en cualquier momento. No podemos permitir que haya dudas sobre la integridad de este proceso”, afirmó.
Este portal, que se espera esté disponible en los próximos meses, será una herramienta clave para fomentar la participación ciudadana y garantizar que no haya espacio para la especulación o desinformación en torno a las elecciones de 2026. Según Penagos, la idea es que todos los ciudadanos puedan verificar por sí mismos la información electoral, generando así un clima de confianza y legitimidad en el proceso.
Finalmente, el registrador aprovechó para hacer un llamado al Ministerio de Hacienda, solicitando la asignación urgente de los recursos necesarios para llevar a cabo las elecciones de 2026. “Esperamos que Hacienda apruebe los 3,2 billones de pesos que necesitamos para llevar a cabo el proceso en el tiempo adecuado. La organización de unas elecciones a nivel nacional requiere una planificación minuciosa y recursos suficientes, y sin ellos, podríamos enfrentar serios problemas logísticos”, advirtió Penagos, destacando que la financiación oportuna es crucial para evitar contratiempos en la preparación del evento electoral más importante del país.
En conclusión, Hernán Penagos no solo defendió con firmeza la transparencia de la adjudicación a Thomas Greg & Sons, sino que también lanzó una advertencia sobre la interferencia gubernamental en la independencia de la Registraduría. A medida que se acercan los comicios locales de 2026, la controversia en torno a este contrato promete seguir siendo un tema central en el debate político y mediático del país, especialmente si el Gobierno avanza con las denuncias penales anunciadas.
