Con el fin del receso de la Rama Judicial, comienzan a llegar a los despachos de las altas cortes las primeras demandas contra varios decretos expedidos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante el periodo de vacancia judicial. Las medidas, adoptadas a finales de 2025, generaron fuertes reacciones políticas, económicas y jurídicas, y ahora serán objeto de control judicial.
Durante la vacancia, solo se mantuvieron activos procesos urgentes como tutelas y habeas corpus, mecanismos que algunos sectores utilizaron para cuestionar decisiones del Ejecutivo. Uno de los intentos más visibles fue la acción de tutela presentada por la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, contra la declaratoria de emergencia económica; sin embargo, esta fue negada por el Juzgado 27 de Ejecución de Penas.
El decreto de emergencia económica, en el centro del debate
Uno de los primeros actos que enfrentará demandas es el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de Emergencia Económica y Social por 30 días en todo el territorio nacional. La decisión se produjo tras el hundimiento de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso, iniciativa que buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026.
El decreto desató una fuerte controversia. Mientras algunos sectores respaldaron la medida como una salida excepcional ante la crisis fiscal, otros anunciaron acciones judiciales al considerar que no se cumplían los requisitos constitucionales de imprevisibilidad y sobreviniencia. Entre los demandantes se encuentran la senadora María Fernanda Cabal y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quienes sostienen que el déficit fiscal no constituye una situación extraordinaria que justifique un estado de excepción.
“El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos imprevisibles. Corresponde a la Corte proteger la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos”, expresó Cabal en redes sociales.
El presidente Petro defendió la decisión en una alocución del 23 de diciembre, argumentando que la emergencia busca evitar un “abismo” financiero provocado, según él, por el encarecimiento de la deuda y la imposibilidad de sostenerla bajo las actuales condiciones.
El salario mínimo y el concepto de ‘salario vital’
Otro decreto que será objeto de demandas es el que fijó el salario mínimo para 2026. Ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, el Ejecutivo estableció el salario en $1.750.905, sin subsidio de transporte, y en $2.000.000 con dicho auxilio incluido, incorporando el concepto de ‘salario vital’.
La medida generó rechazo en sectores políticos y económicos, que advierten sobre posibles impactos en el empleo formal. El candidato a la Cámara por el Centro Democrático, José Fiesco, presentó una acción judicial al considerar que el decreto carece de sustento técnico suficiente.
“Es pan para hoy y hambre para mañana. Este aumento puede disparar la informalidad y los despidos”, señaló, tras anunciar que su demanda fue presentada ante el Consejo de Estado.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo recordó que este tipo de decretos no están exentos de control judicial y citó como antecedente la anulación, en 2016, del decreto que fijó el salario mínimo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según Restrepo, la decisión actual tampoco contó con el respaldo técnico ni el consenso necesario con los gremios económicos.
Debate sobre la vacancia judicial
La expedición de decretos de alto impacto durante el receso de los jueces reabrió el debate sobre la vacancia judicial. El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, planteó la necesidad de reformar el calendario judicial para evitar la parálisis de la justicia en coyunturas críticas.
En declaraciones a El Tiempo, Ibáñez advirtió que, mientras el Ejecutivo puede gobernar mediante decretos y el Congreso puede ser convocado en estados de excepción, la Rama Judicial queda en desventaja institucional.
Con el regreso pleno de la actividad judicial, las demandas contra los decretos del Gobierno Petro marcan el inicio de un pulso jurídico que será clave para definir los alcances de las decisiones adoptadas en medio de la crisis fiscal y laboral del país, y que tendrá efectos de largo alcance en el panorama político y económico de 2026.
