El Gobierno Nacional ha emitido un decreto que permite a los jóvenes optar por un servicio social para la paz en lugar del servicio militar obligatorio. Este decreto, que se discutía en el sector defensa desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, representa un esfuerzo por ofrecer a los jóvenes una alternativa al tradicional servicio militar, orientada a la construcción de paz en el país.
De acuerdo con Andrés Ortega Gómez, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, el decreto busca que los jóvenes que no desean prestar servicio militar puedan optar por otras modalidades, tales como alfabetización digital en zonas rurales, trabajo con víctimas del conflicto armado, promoción de derechos humanos y cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz, todo ello con un enfoque diferencial y territorial. “Es una propuesta que plantea nuevas opciones de participación para los jóvenes, vinculadas a la construcción de una sociedad más justa y en paz”, comenta Ortega.
Este servicio social para la paz incluirá diversas modalidades con un enfoque étnico, territorial y de diversidades, y los participantes recibirán una certificación equivalente a la libreta militar al finalizar. Según Ortega, la implementación de esta iniciativa involucra la articulación de diferentes ministerios y entidades para que las modalidades de servicio cobren sentido en la realidad del país.
Impacto en las fuerzas militares
El decreto podría tener implicaciones significativas para las fuerzas militares y la seguridad nacional. Con una disminución potencial en el número de jóvenes que opten por el servicio militar, las fuerzas militares podrían enfrentar desafíos en términos de reclutamiento y disponibilidad de personal. Ortega explica que “esta medida cambia el panorama de cómo se relacionan los jóvenes con las fuerzas militares y plantea interrogantes sobre el futuro del pie de fuerza del Ejército y su capacidad operativa”.
La disminución del pie de fuerza no se debe solo a la implementación de este nuevo decreto, sino a un problema estructural relacionado con la falta de incentivos adecuados para que los jóvenes opten por una carrera militar o policial. “Básicamente es un problema de incentivos; no hay suficientes razones para que la gente quiera quedarse haciendo la carrera militar o policial”, afirma.
El académico también señala que, aunque el servicio militar sigue siendo una vía de ascenso social para algunos sectores poblacionales, este nuevo decreto probablemente no causará un cambio significativo en la decisión de los jóvenes respecto a prestar o no el servicio militar.
“No creo que la juventud vaya a hacer el servicio social solo para no prestar servicio militar. Ya hay un montón de jóvenes que no prestan servicio militar de todas formas. La problemática de fondo no radica en la alternativa del servicio social para la paz, sino en las condiciones actuales de la carrera militar y policial. Las condiciones de militares y policías son un problema que hace que mucha gente no quiera tener esa vida ni volverse soldado profesional ni policía profesional. Es un problema distinto al decreto y es un desafío que el sector aún no sabe cómo resolver”, concluye.
Por otro lado, el impacto en la seguridad nacional dependerá de cómo se gestione la transición y de la capacidad del Estado para garantizar que los jóvenes participen activamente en las nuevas modalidades de servicio social.
“Algunos expertos advierten que, si bien la medida podría fortalecer el tejido social y contribuir a la reconciliación en territorios afectados por el conflicto, también podría generar vacíos en la defensa si no se acompaña de una estrategia integral para mantener el pie de fuerza necesario”, agregó el docente.
Apuesta por la paz
El decreto también se enmarca en una visión más amplia del Gobierno Petro para consolidar la paz y brindar nuevas oportunidades a los jóvenes. “Esta es una medida que busca fortalecer la construcción de paz desde el ámbito local y comunitario, fomentando la participación de los jóvenes en actividades que promuevan la reconciliación y el desarrollo social”, subraya Ortega.
Esta propuesta puede ser importante para aunar esfuerzos de la población y vincularlos al Estado en tareas de construcción de paz. Sin embargo, el académico también advierte que hay desafíos significativos en la implementación de este decreto, especialmente en cuanto a la coordinación entre distintas entidades del Estado.
Para Ortega Gómez, un punto clave es cómo enfrentar el problema de los jóvenes que hoy en día son reclutados a la fuerza por grupos ilegales, lo cual constituye una violación al derecho internacional de los derechos humanos. “El verdadero reto es cómo hacer para que la gente no sienta que la guerra es una opción económicamente viable. Esta es una reflexión crucial, más allá de las acciones puntuales como el servicio social para la paz”, afirmó.
Su implementación
El decreto genera interrogantes sobre su aplicación práctica, ya que no existe aún una entidad claramente definida que lidere la implementación del servicio social para la paz. Ortega Gómez considera que “es necesario un esfuerzo de articulación institucional entre distintas agencias del Estado para que esta iniciativa no quede solo en el papel, sino que se traduzca en acciones concretas que contribuyan a la paz y al desarrollo social”.
Por ahora, el enfoque del Gobierno Nacional parece estar en lograr que esta alternativa al servicio militar tenga un impacto significativo en las comunidades, fortaleciendo la paz total y ofreciendo a los jóvenes opciones diferentes a las que ofrecen las economías ilegales. Sin embargo, la efectividad de este nuevo decreto dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para implementar una estrategia coherente y coordinada.
