Frente a la Ley 2013 de 2019, expedida el año pasado por el presidente Iván Duque como parte de los mecanismos de transparencia para verificar la información que suministran los servidores públicos acerca de su realidad financiera y tributaria, en Risaralda son bien pocos los que han dado cabal aplicación a ese mandato.
Dicha ley obliga a estos servidores a publicar de manera proactiva no solo la declaración de renta que presentan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sino también la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés, así como los aportes de campaña de quienes ocupan cargos de elección popular.
Fernando Grillo, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, indicó que “esta obligación no tiene un plazo porque se genera desde la entrada en vigencia de la ley y su cumplimiento debe hacerse inmediatamente. Por eso, invitamos a todos los mandatarios locales, departamentales, directivos de entidades nacionales, territoriales y demás sujetos obligados que cumplan con este deber”, precisó.
Dentro del grupo de servidores públicos que están obligados a acatar la norma, figuran los de elección popular, es decir: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles en las ciudades donde existen comunas. En el caso de Risaralda, con corte al pasado viernes (21 de febrero) apenas 53 servidores lo habían hecho. Este es el panorama.
Según los registros consultados por El Diario, seis de los siete congresistas que tiene una relación directa con Risaralda ya llevaron a cabo dicho procedimiento. Son ellos los senadores Alejandro Corrales Escobar del Centro Democrático y Juan Samy Merheg Marún del Partido Conservador y los representantes Diego Patiño Amariles y Juan Carlos Reinales del Partido Liberal, Juan Carlos Rivera Peña del Partido Conservador y Gabriel Vallejo Chufji del Centro Democrático.
En este listado de quienes están al día con esta información, figuran además el Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas; el Alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López, y el Alcalde de La Virginia, José Villada.
Así mismo los diputados Juan Diego Patiño Ochoa, del partido liberal y presidente de la Asamblea Departamental, y José Durguez Espinosa del Centro Democrático, además de los concejales Mauricio Salazar Peláez, Nancy Estella Henao y Esteban Gañán.
La revisión de los listados permitió establecer que diez de los once concejales de Marsella, también reportaron su información en acatamiento de la Ley 2013 de 2019, así como cuatro funcionarios de la Gobernación de Risaralda, nueve de la Alcaldía de Pereira, siete de Santa Rosa de Cabal, seis de Dosquebradas incluido el actual Secretario de Educación, Celso Parra, uno de Marsella y uno de Mistrató.
En total hasta ahora lo han hecho 53, pero en ese listado faltan 12 de los 14 alcaldes municipales, 16 concejales de Pereira y sus colegas de otros doce municipios, diez diputados y la totalidad de los gabinetes departamental y municipales.
El caso nacional
Esta baja aplicación de la norma en Risaralda no es muy distante de lo pasa a nivel nacional. De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con corte al 17 de febrero, de los 40.812 servidores públicos que están obligados a subir esa información al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 21.242 sujetos ya lo han hecho.
Según la información que han reportado a la plataforma habilitada por Función Pública, en el primer mes de entrada en vigencia de la Ley 2013 se han generado 579 reportes en el que se destacan los del presidente de la República, Iván Duque y la vicepresidente de la República Marta Lucía Ramírez.
Del total de servidores con cargos de elección popular, los concejales suman el mayor número de reportes con 291 registros de información de declaraciones de renta y conflictos de interés; seguidos por 141 corresponden a los senadores y representantes a la Cámara del Congreso de la República. También se encuentran 102 registros de alcaldes, 36 reportes de diputados de asambleas departamentales; seis declaraciones de gobernadores y solamente un reporte de edil.
“La publicación proactiva de la declaración de bienes, rentas, conflictos de intereses y aportes a campañas en los servidores públicos es un compromiso de todo el Estado con la transparencia y honestidad en nuestro proceder para la construcción de un mejor país” agregó Grillo.
Propósito legal
La Ley 2013 de 2019 tiene como propósito fortalecer la transparencia y publicidad de la administración pública, por lo que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas en el SIGEP, así como el registro de conflictos de interés, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y los aportes en las campañas para cargos de elección popular. Esta información será requisito para posesionarse, ejercer o retirarse del cargo.
Esta información es pública y puede ser consultada por cualquier ciudadano en el siguiente enlace:
https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/busqueda.jsp
