Una casa con piscina construían invasores

La mafia de construcciones ilegales sobre terrenos del municipio, ahora levanta edificaciones de alto estrato

El acelerado crecimiento de una actividad delictiva que desde hace muchos años campea por la ciudades colombianas, se viene apoderando ráudamente del suelo pereirano, superando la capacidad de reacción de la oficina de control físico que ha sido diligente, pero que hoy no cuenta con las herramientas indicadas para contrarrestar el flagelo.

La capital risaraldense no es ajena a la acción de las empresas manejadas por delincuentes, que luego de hacer estudios minuciosos sobre lotes propiedad del municipio, proceden a invadirlos y hacer construcciones que más adelante pretenden vender a personas incautas que entregan sus ahorros pensando en adquirir una vivienda barata y al final resultan estafados.

Invasión planeada

Permanentemente la ciudad se ve invadida por estas organizaciones ilegales que ya sobrepasan las barreras de estratificación y levantan construcciones de gran arquitectura como se puede catalogar una que estaba avanzando cerca a la Central Mayorista de Abastos, Mercasa, la cual fue intervenida y desmontada por Control Físico.

Según se pudo establecer, los invasores ya tenían levantada una estructura en guadual bien cimentada, además estaban construyendo una piscina, lo cual indica que se trataría de un posible establecimiento para atender público.

Para adelantar la edificación estaban utilizando material de reserva natural, es decir, al parecer venían talando un guadual cercano sin previa autorización de la autoridad ambiental, en este caso de la Cárder.

El concejal pereirano del partido Conservador, Steven Cárdenas Espinosa anotó que el predio donde se venía adelantando la construcción, pertenece al municipio, está ubicado entre un lote propiedad de la Central Mayorista de Abastecimientos y el Centro Vida, con anterioridad la misma persona ya había invadido este terreno de  Mercasa y ahora el de la ciudad.

Una ‘mafia’

La situación es preocupante, como lo denunció el corporado Cárdenas Espinosa, advirtiendo que las invasiones ya no son como en la mayoría de los casos conocidos anteriormente, que eran realizadas por personas desplazadas, víctimas o con necesidad de vivienda, otra modalidad de viene haciendo notable en Pereira donde se convirtió en un negocio ilegal en el que los ‘invasores’ se usufructúan del terreno público.

“Ya no se ocupa solamente el estrato 1 o 2, es una “mafia” que, como lo demostramos en 2017 con el caso Container Food Place, o con la edificación frente al aeropuerto, la actividad está consolidada a lo largo y ancho del municipio y con descaro se adueñan y enriquecen con lo de todos y sin licencias, afectando lo ambiental y poniendo en riesgo la vida de las personas. Lotes con viviendas en esterilla y guadua en lotes del municipio hoy se negocian hasta por 10 millones de pesos en redes sociales en el sector del Rocío”, precisó el Concejal Conservador.

De acuerdo con Cárdenas Espinosa, en Pereira se tienen identificadas 40 zonas de invasión, con el agravante que se encuentran en sectores de alto riesgo no mitigable, como laderas y terrenos erosionados, como ocurre en Caracol La Curva, Rocío Alto y otros.

Capacidad operativa

Precisó que aunque la Secretaría de Gobierno a través de la oficina de Control Físico, ha venido cumpliendo una labor destacada al lograr durante los primeros 6 meses de este año, recuperar 120 mil metros cuadrados, la misma cantidad que se hizo durante todo el año anterior, pero el el problema es que la tendencia de recuperación es muy inferior a la estadística de ocupación de los predios, esto indica que los invasores construyen en tiempo record, en dos días y dos noches levantan 10 casas completas en guadua, madera y otros materiales livianos.

Una de las propuestas que Steven Cárdenas hará hoy al Gobierno municipal en sesión de control político a la oficina de Control Físico, es que se aumente la capacidad operativa para poder hacer le frente a esta actividad ilícita, teniendo en cuenta que en la actualidad la dependencia solo cuenta con 8 obreros y unos 25 abogados que tienen que atender cada uno cerca de 80 procesos mensuales.

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