De gran relevancia y de mucho interés público, se ha convertido al día de hoy el suceso del ex alcalde y actual senador Gallo Maya. El demandante en el proceso se presentó ante la Corte Suprema de Justicia el día de ayer.
Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado y diputado, Daniel Silva se presentó a rendir ampliación de la denuncia, en el proceso que sostiene frente al hoy Senador, Juan Pablo Gallo, por presunto enriquecimiento ilícito.
Resulta, que cuando el mencionado ex alcalde ejercía sus funciones como primer mandatario de la ciudad, este adquirió un lujoso apartamento en el sector de Pinares, avaluado en una suma jugosa de $400.000.000 millones de pesos, llevando como titular de la cartera del municipio menos de un año.
Cómo en todo el tema político, y sabiendo que entre ellos se respiran en la ‘nuca’, aparecieron las investigaciones pertinentes para saber, de dónde salió la ‘platica’ para la adquisición del inmueble.
En versión emitida por el citado exalcalde, este argumenta que la procedencia de tales recursos al parecer no provienen de ninguna conducta ilícita descrita en el código penal, que lleve a pensar que existió malversación de fondos, desviación, mejor dicho, que ese dinero no se obtuvo de buena manera.
Fiscalía
Al parecer, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de este caso en dos ocasiones, argumentan, “el caso da para que se archive e incluso se decrete la preclusión”, según lo manifestado por la entidad en mención, no se presentó delito alguno, pues con las pruebas que se han aportado al proceso, consideraron que no se presentó alguna irregularidad.
De los 400 millones en los que estaba avaluado el inmueble en aquel momento, se dice que la mitad de este valor se dió a través de un leasing habitacional (quiere decir, que el propietario cede el bien inmueble a otra persona, sin embargo, él responde por los gastos de dicha cesión, más los gastos de financiación), esto se pactó presuntamente a un período de 15 años, lo que aún genera inquietud es el nombre de la entidad financiera con la cual realizó este proceso, pues aún se desconoce.
El dinero restante, al parecer fue adquirido por medio de un crédito realizado al jefe de su señora esposa, que en su momento era el empleador, según lo argumenta la defensa del Senador, hay documentos como cheques y un CDT que soportan la validez de dicha transacción, con los cuales podrían demostrar que no existe el delito por el cual se le acusa.
Demostrar legalidad
Ahora en todo este proceso que afronta el Senador Gallo, deberá demostrar con todo el acervo probatorio presentado ante la Fiscalía más lo que pueda aportar ante la Corte Suprema de Justicia, que todo se encuentra dentro de lo legal y que no ha incurrido en delito alguno, cosa que por supuesto la parte demandante quiere desvirtuar, por lo cual se presentó en Bogotá, ante la sala especial de instrucción de la Corte para la ampliación frente a esta denuncia, ¿Tendrá esto algún tinte político?
El inmueble adquirido por el senador en 2016, actualmente ronda en un avalúo de 800 a 900 millones de pesos, según expertos en el sector inmobiliario.
Daniel Silva
Abogado demandante
“En esta fase del proceso, queda sometida a reserva totalmente y pues lo que hicimos en esta diligencia fue ampliar nuestra denuncia, hacer hincapié en las contradicciones que hemos encontrado desde que este proceso se encontraba en la Fiscalía General de la Nación desde el año 2016 y bueno, esperamos que la Corte con base en las pruebas que ha recopilado junto con los testimonios que ha practicado, tome una decisión de fondo en las próximas semanas, también decirles a quienes han ido al ataque en las redes sociales, que así no se resuelven los procesos judiciales, ya esto no es nuevo para mí, cuando lideré procesos también de denuncia contra de la corrupción en Risaralda, como en su momento la demanda contra el ex senador Carlos Enrique Soto, fui objeto de ataque en las redes sociales, a esto no le temo ni me intimida, ni hacen que yo eche para atrás mis denuncias, por el contrario me hacen reafirmar mis decisiones”.
