Tras el caso de violencia física contra una menor de edad perteneciente a la comunidad del pueblo Emberá Katío en Risaralda, diferentes entidades y organismos siguen monitoreando los resguardos indígenas en el departamento.
Por ejemplo, La Defensoría del Pueblo encabezó una misión de verificación de derechos humanos de dos días en el resguardo Gitó Dokabú, localizado en Pueblo Rico.
Allí un equipo de la Regional Risaralda se centró en escuchar a las comunidades y fortalecer las rutas de atención y prevención. También se efectuó el acompañamiento cerca de 300 mujeres en la Asamblea Territorial “Tiempos de Mujer, Tiempos de Paz”.
Las cifras respaldan la urgencia de esta labor. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 2019 y 2024, se registraron 115.374 exámenes medicolegales por presuntos delitos contra niños, niñas y adolescentes. De estas víctimas, el 42% tenía entre 10 y 13 años y un 13% pertenecía a comunidades étnicas. Los datos revelan además que en la mitad de los casos el agresor fue un familiar y en el 78% la agresión ocurrió en el hogar.
Adicionalmente, en el mismo periodo, se practicaron 42.685 valoraciones por violencia intrafamiliar contra personas menores de edad, de las cuales las niñas y las adolescentes mujeres representaron el 52% de los casos. Un 11% de las víctimas de esta forma de violencia pertenecían a grupos étnicos.
Pie de foto: Las agresiones físicas contra niños, niñas y adolescentes en las comunidades indígenas es una problemática de muchos años, incluso en Risaralda se registran casos graves como la mutilación genital femenina (ablación).
