Hay temas que son difíciles de abordar por tocar fibras sensibles para la sociedad en su conjunto y otros por ser más del rango de la propiedad privada y derechos adquiridos con el paso del tiempo. El alcalde Diego Ramos acepta que no puede tapar el sol con un dedo y que hay temas que por mucha voluntad política que se tenga se salen de las manos, bien por el retraso administrativo de años y años o por la premura de las actuaciones en un año de garantías electorales.
Desde este medio se ha hecho seguimiento a temas como el desalojo de El Bohío, la reubicación de La Esneda o la eterna petición de la vía en Pedregales. En muchos de estos casos hay confusión por los asunto legales, que si tienen o no escrituras, que si eran asentamientos ilegales por qué les cobraron predial, que por qué las personas se asientan en puntos determinados como zona de riesgo, tantas preguntas que no alcanza el espacio ni el tiempo para tratarlos en los escasos minutos que tienen los mandatarios para la prensa.
¿Qué pasa con el POT?
A esta pregunta el alcalde Ramos respondió: “El nuevo Plan de Ordenamiento del municipio va a ser muy exigente en cuanto a las construcciones legales de Dosquebradas, tanto en la parte rural, como en la parte urbana, las exigencias van a ser bastante estrictas ¿por qué razón? Porque según el lote, si hay necesidad de hacer alguna mitigación del riesgo por si a futuro puede haber algún riesgo, pues se tendrá que hacer esa obra de inmediato”.
Sobre el manejo de las aguas, tanto de lluvia como de alcantarillado, el burgomaestre dijo que deberá ser parte de las construcciones para que descarguen directamente a los colectores. “Esta es una herramienta que la tienen las medianas y grandes ciudades, pero resulta que nosotros por tener un Plan de Ordenamiento tan obsoleto, que ya cumple 23 años en junio, está mandado a recoger y repito, en el POT que estamos trabajando no va a ser tan agradable para aquellas constructoras que les era mucho más fácil acceder a los lineamientos de las dos curadurías que tenemos en el municipio”.
La caracterización por alto riesgo
Según el mismo POT, en Dosquebradas hay 25 barrios que requieren relocalización parcial o total debido a que se encuentran en zonas con varios asuntos por atender como son construcciones en laderas, otros están en zonas inundables, muchos más en asentamientos ilegales pero que poseen contratos de compra-venta que con el paso del tiempo les han otorgado algunos deberes y derechos.
Las personas en su afán de tener un techo no se percatan de los riesgos que trae construir en cualquier lugar.Ante este panorama, más bien poco alentador, Diego Ramos explicó que “Son alrededor de 7.200 viviendas que están en predios no mitigables y mitigables, pero esto no es de ahora. Hay zonas de alto riesgo que llevan 40 años habitadas por estas familias. Para acceder a una reubicación, de tantas familias que tenemos debe ser a través del mismo Gobierno nacional, porque ni el departamento ni el municipio cuentan con los recursos para poder trasladar estas viviendas”.
El alcalde dijo que en el caso de la ladera norte, donde está ubicada La Esneda, es el mejor ejemplo, porque allá son 400 viviendas y no solo los de la emergencia de febrero de 2022. En Dosquebradas no existe un lote donde se puedan llevar, “el gobierno está empeñado en que muchas de estas familias se pasen a la zona rural y no contamos con lotes que sean para construcción de vivienda y mucho menos con el nuevo POT. Habría que comprar lotes a los particulares en la zona urbana que son los dueños actualmente”.
La Procuraduría, los detenidos y los municipios
Desde enero la Defensoría del Pueblo, evidenció que las UPV y las estaciones de Policía estaban hacinadas por todo tipo de detenidos, sindicados y condenados en una situación indigna tanto para privados de la libertad, como para los mismos uniformados que hacen esfuerzos que no van con su deber ser en la vigilancia de estas personas. En el Área Metropolitana hay un hacinamiento de 1.642% y por ello la Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto a finales de febrero y dijo que la solución debía darse con prontitud.
“Sí, efectivamente la Procuraduría, nos hizo un llamado a todos los alcaldes del departamento para poder tener un sitio que reúna todas las condiciones para todas los PPL. En el caso de Dosquebradas, estas personas están siendo cuidadas en la Estación de Policía, pero no en las mejores condiciones, esa es la realidad, es inhumano lo que están viviendo estas personas allí”.
En el Municipio Industrial cuentan con $500 millones para empezar a darle solución al problema, porque “A pesar de que estas personas hayan tenido alguna equivocación, las debemos respetar, así nos lo ha pedido la Procuraduría y vamos a proceder de inmediato para tener ese sitio dentro del municipio”.
