La Gobernación de Risaralda viene promoviendo desde hace varias semanas una campaña para incentivar el pronto pago del impuesto vehicular, ofreciendo descuentos a quienes cancelen antes del 28 de febrero. El mensaje ha sido claro: aprovechar el beneficio y realizar el trámite de manera ágil a través de la página web oficial.
Sin embargo, en la práctica, la experiencia para los ciudadanos está muy lejos de esa promesa.
Desde hace varios días, el portal habilitado para realizar el pago presenta fallas y, en algunos momentos, simplemente no funciona. Usuarios reportan dificultades para ingresar y problemas para generar la liquidación del impuesto. La situación no solo genera molestia, sino que pone en riesgo el acceso al descuento para quienes intentan cumplir dentro del plazo establecido.
La contradicción es evidente: se impulsa una estrategia de recaudo digital, pero no se garantiza que la herramienta tecnológica esté operativa y estable. Si la plataforma continúa fallando y el plazo vence el 28 de febrero, muchos contribuyentes podrían quedar por fuera del beneficio sin que la responsabilidad sea suya.
A esto se suma otro problema de fondo: la brecha digital. Para un amplio sector de la población, especialmente adultos mayores o personas que no manejan con facilidad los trámites en línea, navegar por el portal institucional resulta complicado. El acceso al pago no es intuitivo y no existe un enlace directo y visible que conduzca de manera clara al formulario de liquidación y pago del impuesto.
En lugar de simplificar el proceso, el diseño actual obliga al ciudadano a recorrer varias secciones del sitio web para encontrar el trámite correspondiente. En una campaña que se promociona como ágil y moderna, la falta de un botón directo y funcional para pagar contradice el objetivo de facilitar el cumplimiento.
La Gobernación tiene ante sí un reto inmediato: garantizar la estabilidad de la plataforma, ofrecer canales alternos claros mientras se solucionan las fallas y, de ser necesario, reconsiderar el plazo del descuento para no perjudicar a quienes sí han intentado cumplir.
Promover el pago oportuno es una medida válida. Pero hacerlo sin asegurar las condiciones técnicas mínimas termina trasladando al ciudadano las consecuencias de una falla institucional.
