Desde hace casi tres décadas han resultado inútiles todos los intentos por construir un moderno hospital para el municipio de Apía
Óscar Osorio Ospina
A finales del 2011, la Gobernación de Risaralda adjudicó la construcción de la nueva sede del Hospital San Vicente de Paul de Apia, lo que significó para los habitantes de este municipio un gran alivio puesto que se argumentaba que las actuales instalaciones del centro asistencial estaban ubicadas en zonas de alto riesgo.
Y no era para menos, puesto que a pocos metros del hospital el colegio La Sagrada Familia, declarado patrimonio arquitectónico, se estaba comenzando a caer en pedazos y amenazaba ruina y un peligro para la comunidad educativa. Hoy este plantel está desocupado y en sus corredores y aulas donde años atrás reinaba el bullicioso de centenares de estudiantes ahora impera un pesado silencio. Y la vieja casona de dos plantas apenas sigue en pie sostenida por unas cuantas guaduas. Sin embargo, su vecino, el hospital, permanece abierto y prestando sus servicios en el mismo lugar, a la espera que se defina su suerte.
El colegio La Sagrada Familia, vecino del hospital, está en ruinas y apenas sostenido por unas cuantas guaduas.Un poco de historia
Hace 106 años, el 21 de julio de 1917, el centro asistencial abrió sus puertas en la esquina de la carrera 7ª con calle 7ª de Apía. Esa sede inicial era una casona de bahareque con arquitectura de madera y corredores de chambranas, la cual fue donada mediante escritura pública por Sor María Josefa López en un gesto de inmensa caridad. Hacia la década de los años sesenta se advirtió la necesidad de darle una nueva sede, por cuanto la casa de bahareque ya presentaba un evidente deterioro y se requería, por tanto, una arquitectura más moderna y funcional.
Le correspondió al arquitecto Carlos Delgado dirigir la construcción de la actual sede, la cual fue puesta en servicio en 1981, aunque en esa época la calle 7ª no estaba pavimentaba y dificultaba el acceso a consulta externa.
Sede frustrada
En agosto del 2006 el Departamento de Risaralda contrató los estudios de vulnerabilidad sísmica, estructural y el diseño de refuerzo de los hospitales de Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, Mistrató y Santuario.
En el caso del San Vicente de Paul el diagnóstico fue contundente: “dicha intervención dio como resultado que la edificación de la ESE de Apía no cumple con la normatividad sismorresistente y funcionalidad vigente, encontrándose ubicado contiguo al canalizado de la quebrada El Clavel y presentando en los últimos meses un asentamiento diferencial evidente en los pisos y muros de la edificación (…) “El estudio recomienda la reubicación de la construcción, lo que permitiría un hospital con mejores alternativas funcionales, el cumplimiento de requisitos de habilitación de acuerdo a los servicios que oferta y económicamente en un proyecto viable”.
Comenzaron entonces las gestiones orientadas hacia ese propósito y a mediados de diciembre del 2011, en los estertores del primer mandato del Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, se adjudicó la obra al Consorcio Obrin, cuyo representante legal es Nelson Moreno Álvarez, por un valor de $4.032.826.457. El consorcio estaba conformado por INTI Limitada, Nelson Moreno Álvarez y Luis Fernando Potes Caro. Se trata del contrato 1752 del 22 de diciembre que tenía por objeto la construcción de la nueva sede del hospital, con un plazo de ejecución de 240 días calendario. Y la interventoría fue adjudicada al consorcio Consultec Castrillón.
El Hospital debía construirse en un predio propiedad de la institución educativa Santo Tomás de Aquino el cual, según certificado expedido por el entonces alcalde Luis Hernando Murillo Blandón estaba disponible para llevar a cabo las obras. Dicho lote está ubicado en la carrera 9ª con calle 11 donde funcionan los talleres industriales del colegio. El alcalde se comprometió a entregar otra sede para ubicar los talleres de mecánica, metalistería, dibujo y diseño, ebanistería y electricidad del colegio, antes de iniciar la construcción del hospital, lo cual no se cumplió.
Y un detalle adicional, el 2 de septiembre de 2011 cuando se fue a realizar la visita al sitio de la obra, a la cual acudieron 40 personas, no fue posible ingresar a los talleres del Santo Tomás de Aquino porque la comunidad alertada de la ocupación que se iba a hacer de este lugar lo impidió.
Incluso tres meses antes de la adjudicación del contrato, la Gobernación mediante la resolución 0423 del 3 de octubre de 2011 suspendió el proceso licitatorio, puesto que el señor Julián Mauricio Calle había presentado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía una acción de tutela buscando el amparo a los derechos fundamentales de la educación. El juzgado no solo falló a favor del demandante, sino que ordenó al alcalde Murillo Blandón que no diera cumplimiento al compromiso que suscribió para hacer entrega al nuevo hospital de los predios e instalaciones que hoy ocupan los talleres del Instituto hasta que se tuvieran garantizadas las condiciones para darle continuidad a la educación industrial del plantel.
Este fallo, sin embargo, fue revocado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 28 de noviembre de 2011, por lo que la Gobernación ordenó reiniciar el
proceso licitatorio. A su vez, un grupo de ciudadanos de Apía interpuso una acción popular, la cual fue admitida el 24 de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Pereira.
Contrato nulo
El acta de inicio del contrato se firmó el 28 de diciembre de 2011, tres días antes de finalizar el mandato tanto del Gobernador Tamayo Vargas como del Alcalde Murillo Blandón, pero ese mismo día la Secretaría de Salud mediante el acta No. 01 ordenó la suspensión de las obras ante la oposición de la comunidad educativa.
En marzo del 2012 el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Pereira le solicitó al nuevo Gobernador Carlos Alberto Botero “abstenerse de efectuar cualquier tipo de acción tendiente a proseguir con el cambio de destinación de la edificación en la cual funciona actualmente el Centro Educativo…”, al tiempo que ordenó que en un mes se apropiaran los recursos para determinar el eventual traslado de esos talleres y dio un plazo de seis meses para legalizar este proceso, lo cual tampoco no se cumplió.
En estas circunstancias, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, la Gobernación de Risaralda a través de la apoderada Liliana Giraldo Gómez, pidió que se declarara la nulidad absoluta del contrato y que se declarara que el departamento no debía restituir suma alguna de dinero al consorcio contratista, dado que la entidad estatal no recibió ningún beneficio porque la sede del hospital no se construyó y por tanto el interés público no se satisfizo.
Lo cierto es que el predio del colegio nunca se pudo entregar para construir el nuevo hospital, tampoco se construyó la sede alterna para los talleres del Santo Tomás tal como se había acordado y, finalmente, los recursos (más de $4.000 millones) se devolvieron al Fondo Nacional de Regalías.
Apía, sin hospital
Hoy cuando están a punto de terminar actuales períodos de gobierno y cuando al frente de ellos están los mismos actores (el gobernador Tamayo, el alcalde Murillo y la gerente del hospital, Johana Paola Posada), el San Vicente de Paul sigue sin sede.
Estudios realizados en el 2020 concluyeron que el nuevo hospital sí se puede hacer en la sede actual puesto que se descarta que allí exista riesgo. Los nuevos diseños arquitectónicos fueron realizados por la firma de Juan Carlos de León y contemplan una edificación de cinco pisos y un total de 2.100 metros cuadrados construidos, lo que demandaría una inversión superior a los $20.000 millones. La administración está pendiente de una reunión con el Ministerio de Salud para que este despacho le de vía libre a los nuevos diseños, quedando a la espera que el gobierno nacional se comprometa a asignar una partida por ese valor para ejecutar la obra. Ello implicaría desocupar y demoler el actual hospital y repartir los servicios del San Vicente de Paúl en varias sedes alternas a lo largo y ancho del municipio.
Mientras tanto, la demanda del Consorcio Obrin -al cual se le adjudicó el frustrado contrato de construcción en el 2011- sigue en pie a la espera de una eventual conciliación o de un fallo judicial.
