Desde octubre de 2024, el parque principal de Balboa, permanece cerrado por inconsistencias técnicas en su remodelación. La comunidad denuncia la violación de su derecho al espacio público, mientras las entidades involucradas buscan destrabar la obra en medio de tensiones contractuales y fallas constructivas.
“Estamos hablando del único espacio público que le queda al pueblo”, dice Jorge de Jesús Quitama Vergara, abogado y docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), quien se ha convertido en una de las voces más activas en la defensa del parque de Balboa, hoy convertido en una zona cerrada, sin acceso para la comunidad.
La historia comenzó en 2023, cuando el municipio de Balboa firmó un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira (EDUP) por un valor inicial de 2.310 millones de pesos para remodelar el parque principal. Sin embargo, la intervención resultó más cercana a una demolición total que a una remodelación. A la inversión inicial se le sumaron otros 549 millones de pesos, elevando el total del contrato a 2.860 millones.
“Se demolió completamente y se pensaba dejarlo como nuevo, con unos parqueaderos incluidos”, explicó Quitama. El proyecto, cuya ejecución debía extenderse solo hasta diciembre de 2023, ha sido prorrogado hasta octubre de 2024. Pero ni así se logró cumplir el plazo.
El 31 de octubre de 2024, la obra fue oficialmente suspendida. Las razones: discrepancias entre los contratistas, la interventoría —a cargo de la EDUR, empresa de desarrollo urbano y rural de Risaralda— y el diseño técnico de la obra. Desde entonces, el parque quedó cerrado al público, afectando a toda la población del municipio.
“Ese parque es un bien de uso público. El cierre vulnera derechos fundamentales de más de 6.000 personas que ya de por sí tienen un déficit crítico de espacio público”, señaló Quitama, quien invocó el artículo 82 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a proteger y garantizar el acceso a estos espacios.
El panorama es preocupante. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Balboa, el municipio ofrece apenas 2,6 metros cuadrados de espacio público por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15. A esto se suma que hace algunos años se construyó un hospital en la plaza principal, lo que redujo aún más los espacios libres para la ciudadanía.
Ante esta crisis, el abogado solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de Pereira, que convocó una mesa de diálogo el pasado viernes 27 de junio. En la reunión participaron representantes de todas las entidades involucradas: la EDUP, la EDUR, el municipio de Balboa y la firma contratista.
Perches Giraldo Campuzano, contralor municipal de Pereira, explicó que la reunión se dio en el marco del artículo 77 del Decreto 403 de 2020, como parte de los esfuerzos para evitar lo que él mismo calificó como “otro elefante blanco”.
“El objetivo fue presentar el informe patológico contratado por la EDUR, que concluyó que, aunque hay fallas constructivas en las estructuras ya realizadas, son subsanables”, afirmó Giraldo Campuzano.
Acordaron que en un plazo de 8 a 15 días los equipos técnicos se reunirán para evaluar las alternativas viables de solución. Luego, si el informe es favorable, se programará una nueva reunión con todas las partes y la comunidad, en la que se definirá si se continúa o no con el proyecto.
Quitama fue claro en su llamado: “Les pedí que flexibilicen sus posturas. Entendemos que los contratistas buscan beneficios económicos, pero las entidades públicas tienen el deber de garantizar los derechos de los ciudadanos. No pueden dejar a Balboa sin parque”.
El plazo para retomar las obras sigue incierto, dependiendo del análisis técnico que se realice en los próximos días. Mientras tanto, Balboa sigue esperando que le devuelvan su parque. Uno que, más allá del cemento y las vigas, representa el encuentro comunitario y el derecho a un espacio digno.
