Así se evidencia en el informe “El litigio contra las ciudades capitales en Colombia”, documento elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en el que se muestra cómo ha venido creciendo la litigiosidad en contra del Estado y cómo esta situación afecta a las regiones.
Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, señaló que en este documento se recogieron los datos de los últimos 10 años, frente a lo relacionado con el litigio en las ciudades capitales. El libro se puede bajar de forma gratuita de la página web de Asocapitales.
El panorama que se vislumbra en el documento mencionado, es dramático, ya que según información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actualmente el país enfrenta más de 400.000 demandas cuyas pretensiones económicas ascienden a los $ 386 billones.
Señala el libro que “el crecimiento acelerado de la litigiosidad contra el Estado ha generado una serie de efectos adversos en la administración pública. No solo ha llevado a que la Nación sea el sujeto pasivo más recurrente en un sinnúmero de litigios, sino que también ha desembocado en una avalancha de condenas contra el Estado que afecta su estabilidad fiscal. Esto ha conducido a que los recursos de la administración pública estén dirigidos al pago de condenas – muchas de tipo individual- y no a la inversión en proyectos que satisfagan el interés general”.
Ricardo Rodríguez Yee, contralor General de la República encargado, fue uno de los panelistas que intervino durante el lanzamiento del libro, el cual tuvo lugar en la capital risaraldense. Aseguró que la creciente litigiosidad en contra del Estado viene afectando la inversión, especialmente en el aspecto social. La Contraloría también suministro importante información para el libro.
Pereira
Un total de 35 fallos ha emitido el Consejo de Estado en lo relacionado a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que han sido interpuestas contra el municipio de Pereira. De estos 11 fallos fueron a favor del municipio (31,43%), mientras que 24 fueron en contra del municipio (68,57 %).
Los fallos del Consejo de Estado por acciones de reparación directa interpuestas contra el municipio, ascienden a 43. A diferencia con las anteriores, en este caso el municipio ha obtenido más ‘victorias’ jurídicas que derrotas. Los fallos a favor fueron 34 y en contra 9.
Finalmente las acciones populares falladas fueron de 6, de los cuales 4 fueron fallados en contra del municipio.
Aunque Pereira y Risaralda no son ajenos al ‘desangre’ por el pago de sentencias y conciliaciones, la capital risaraldense y el departamento, muestran una baja litigiosidad comparada con otras regiones y ciudades capitales del país.
Otro de los panelistas en el lanzamiento del libro mencionado, fue el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, quien habló sobre la problemática que se registra por el pago de las sentencias judiciales.
El mandatario local afirmó que “hay un espacio en los presupuestos de los municipios que es infame con el ciudadano que está esperando inversiones, grandes obras, transformaciones, y son los pagos por sentencias judiciales. No pueden gastarse los presupuestos en el pago de sentencias judiciales, eso no es lo que espera el ciudadano. Por eso una de las cosas que hace rendir un presupuesto municipal, es la prevención de todos estos litigios. Esto se consigue de muchas maneras, por ejemplo, teniendo un buen equipo jurídico. Prevenir es mucho mejor que estar pagando sentencias”.
Pago de sentencias y conciliaciones en Pereira
Según datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el municipio de Pereira pagó en 2016 más de $ 16.848 millones por concepto de sentencias judiciales en contra del ente territorial y conciliaciones. Para el 2017 la cifra se incrementó considerablemente (285 %), llegando a un poco más de $ 64.796 millones. El año pasado hubo una disminución con relación al 2017, ya que el pago fue por una cifra levemente superior a los $43.432 millones.
Destacado
A más de $ 800.000 millones ascienden las pretensiones de las demandas interpuestas contra el Estado, por accidentes de tránsito producto de la mala señalización vial.
