Risaralda enfrenta una crisis en salud, la acumulación de deudas por parte de las EPS con los hospitales públicos y privados amenaza con paralizar la atención médica en todos los niveles, y el impacto más inmediato podría sentirse en el Hospital Universitario San Jorge, el centro asistencial de mayor complejidad y referencia para la región.
Crisis estructural y creciente
Según Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi / AiSalud, la deuda total de las EPS con los hospitales de Risaralda asciende a 302 mil millones de pesos, y los mayores deudores son Nueva EPS (en ambos regímenes), Coosalud —actualmente intervenida—, y Pijao Salud. “La situación de la red pública y privada es bastante crítica”, afirmó Zuluaga. “Estamos viendo cómo la cartera sigue creciendo mes a mes. Más allá de las cifras, lo preocupante es que los usuarios, especialmente los más vulnerables, están siendo los más afectados”.
Zuluaga también advirtió que los hospitales de baja complejidad no están logrando remitir pacientes a niveles superiores, como al Hospital San Jorge o clínicas de mediana complejidad, lo cual genera un cuello de botella en la atención. Además, denunció una grave escasez de medicamentos, provocada por la falta de entrega de las EPS. “Tenemos pacientes diabéticos e hipertensos que podrían estar controlados, pero que hoy terminan hospitalizados o incluso en cuidados intensivos, simplemente porque no están recibiendo sus medicamentos. Estamos viendo un deterioro acelerado de la salud de los usuarios”, dijo.
San Jorge, al borde del cierre de servicios
Javier Alejandro Gaviria, gerente del Hospital Universitario San Jorge, confirmó que la institución acumula una cartera de 183 mil millones de pesos, de los cuales más de 60 mil millones están prácticamente perdidos, pues corresponden a EPS liquidadas y en proceso de liquidación como Medimás, Ambuq y Coomeva E.P.S. Las demás deudas provienen de EPS intervenidas, como Coosalud, Nueva EPS y Pijaos Salud, esta última con un comportamiento financiero particularmente problemático.
“Pijaos Salud es la EPS que más nos debe. Tiene 31 mil afiliados en la región, recibe 3.500 millones mensuales por unidad per cápita, pero solo gira 1.500 millones a la red prestadora. Los otros 2.000 millones se van para el Tolima, donde está su sede”, explicó Gaviria.
El gerente advirtió que si este mes el hospital no recibe al menos 20 mil millones de pesos, se verá obligado a cerrar servicios de manera progresiva, iniciando con áreas de alta complejidad como hemodinamia, vitales para la atención de enfermedades cardiovasculares.
Impacto en la red de primer nivel
Por su parte, Diana Milena Castañeda, gerente de la E.S.E. Salud Pereira, denunció que su institución tiene una cartera vencida de 18 mil millones de pesos y que apenas un 43% de esa deuda es exigible en el corto plazo. Su mayor deudor es Asmet Salud, con una acta de pago firmada hace tres años que aún no se ha hecho efectiva.
“Nosotros seguimos prestando los servicios, estamos al día con el talento humano, pero nos estamos asfixiando”, dijo Castañeda. “Tenemos servicios de urgencias colapsados, pacientes que esperan hasta 15 días por una remisión a segundo nivel. Esto no es solo un problema de cartera, es una amenaza directa contra la vida”.
Castañeda denunció que, pese a las mesas de conciliación con entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, las soluciones no han llegado. “Esto es un clamor por respeto a la vida. Necesitamos que el superintendente de salud y el ministro estén aquí, que vengan al territorio y exijan a las EPS que cumplan”.
Otros municipios al límite
Desde el municipio de Santuario, la gerente del Hospital San Vicente de Paúl, Beatriz Echeverry, explicó que la crisis también golpea duramente a los hospitales de primer nivel en las zonas rurales.
“Tenemos una cartera total de 1.900 millones de pesos, de los cuales 1.100 millones corresponden a EPS intervenidas. Para un hospital pequeño como el nuestro, eso representa una presión financiera inmensa”, afirmó Echeverry. “Seguimos cumpliendo con nuestro personal y proveedores, pero el esfuerzo es insostenible. Necesitamos decisiones urgentes del Gobierno”.
Los representantes del sector salud en Risaralda coincidieron en que es imperativa la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y el acompañamiento permanente de la Gobernación del departamento, para establecer una mesa de trabajo efectiva y obligar a las EPS a responder por las deudas.
