El alto tribunal revocó fallos anteriores, ordenó indemnizar a la víctima y a sus familiares, y exigió a la Iglesia entregar todas las denuncias de pederastia a las autoridades.
La Corte Constitucional de Colombia declaró responsable civilmente a la Diócesis de Pereira por el abuso sexual cometido en 2008 por uno de sus sacerdotes contra un menor de edad en un colegio público. El fallo, que revoca decisiones anteriores que habían exonerado a la Iglesia, ordena una nueva sentencia que reconozca los daños a la víctima y dos familiares cercanos, incluya indemnización económica y medidas de reparación simbólica. “La Corte concluyó que en el proceso se vulneraron derechos fundamentales y que era necesario corregir ese error judicial”, señala el comunicado del fallo SU-315 de 2025.
Adicionalmente, el alto tribunal exigió a la Diócesis de Pereira y a la Conferencia Episcopal entregar todas las denuncias de abuso sexual conocidas a la Fiscalía, el ICBF y la Defensoría del Pueblo. El Diario del Otún buscó una declaración oficial de la Diócesis, sin embargo, la institución ha preferido no pronunciarse.
Para comprender el alcance de la decisión, consultamos a Andrés Fernando Mejía Restrepo, jefe del área de derecho procesal de la Universidad Libre Seccional Pereira. “Esta es una sentencia de unificación, lo que significa que fue adoptada por los nueve magistrados en sala plena y sin salvamentos ni aclaraciones de voto. Todos estuvieron de acuerdo en declarar responsable a nivel civil a la Diócesis de Pereira”, explicó.
Mejía también señaló que la Corte Constitucional revisó el caso debido a que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira se había demorado más de 10 años en emitir su fallo de segunda instancia, en el que exoneraba a la Iglesia. “Se trata de una acción de tutela contra una providencia judicial que negó la responsabilidad de la Diócesis. La Corte amplió el análisis y ordenó indemnizar también a la prima de la víctima, a quien el Tribunal había negado la reparación”, añadió.
Consultado sobre el impacto del fallo, Mejía fue enfático: “Esta decisión podría reabrir casos similares, porque la Corte estableció que el término de caducidad para demandar empieza a contarse desde esta sentencia, no desde la fecha de los hechos. Eso abre una puerta a víctimas que antes se habían visto limitadas por el tiempo”.
Investigación exhaustiva
El periodista Juan Pablo Barrientos, autor de una investigación sobre pederastia clerical en Colombia, calificó el fallo como histórico. “Es la primera vez que la Corte Constitucional ordena investigar a un obispo por encubrimiento. En este caso, el obispo Tulio Duque Gutiérrez será investigado por no haber informado a la Fiscalía sobre las denuncias contra el sacerdote Jairo Alzate, quien, tras ser enviado a una casa de retiro, fue reintegrado y volvió a abusar de otro menor”, advirtió.
Barrientos ha documentado más de 700 casos de sacerdotes denunciados por abusos sexuales en Colombia, apenas el 13 % de la información solicitada a las diócesis y comunidades religiosas. “Las ciudades con más casos son Medellín, con más de 70 y Villavicencio, con más de 50. Pereira tiene al menos 14 sacerdotes involucrados en abusos sexuales, según el archivo secreto que hemos podido acceder”, indicó.
Sobre los pasos que debe seguir la Iglesia frente a estas situaciones, Barrientos fue claro: “Lo primero es informar de inmediato a la Fiscalía cualquier denuncia. Los obispos no son jueces ni fiscales. Lo segundo es suspender y expulsar a los sacerdotes denunciados, no trasladarlos a otra parroquia como se ha hecho tradicionalmente. Eso es absolutamente criminal”.
El fallo SU-315 de 2025 de la Corte Constitucional abre un nuevo capítulo en la exigencia de responsabilidades frente a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Colombia y podría convertirse en una herramienta crucial para que otras víctimas busquen justicia.
Según datos entregados por el periodista, Juan Pablo Barrientos. Estos son los sacerdotes acusados de abuso sexual en Pereira:
Fermín Abella Currea de los Escolapios
Jairo Alzate Cardona
Darío Aristizábal Gallo
Alonso Bueno Dávila
José Francey Díaz Toro
Diego Fernando Giraldo Salazar
Vladimir González Rodas
Fernando Antonio Hoyos Hoyos
Jaime Rolando Mongui Cascabita
Argemiro Orozco Bedoya
Hernán Quintero Garzón
Jesús Orlando Rengifo Ramírez
Jairo de Jesús Sánchez Jaramillo
Gustavo Vázquez Granada.
Toda persona debe responder por sus actos ante la Justicia: rica, pobre, culta, iletrada, religiosa, agnóstica, etc.