Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó el embargo de 10 inmuebles y 15 vehículos, cuyo valor comercial asciende a 3.955 millones de pesos, como parte del proceso judicial por las presuntas irregularidades en la contratación de la Avenida Los Colibríes, en Pereira (Risaralda).
La medida cautelar, solicitada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, tiene como propósito salvaguardar el derecho de la Alcaldía de Pereira a recibir una eventual indemnización por los perjuicios ocasionados por los procesados, quienes habrían incurrido en la apropiación indebida de recursos públicos por un total de 10.814 millones de pesos.
Entre los bienes embargados figuran apartamentos y parqueaderos ubicados en Bogotá, Armenia, Leticia y Pereira, así como un predio rural en Anapoima (Cundinamarca). También se incluyen volquetas, camionetas doble cabina, vehículos particulares y automotores blindados tipo tres.
Los activos afectados están registrados a nombre del exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López; el exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García; el representante legal de la firma contratista, Carlos Guillermo Suárez Escobar; y los interventores del contrato, José Alberto Rojas Prieto y Carlos Alberto Ballesteros Aristizábal.
Estas personas fueron imputadas por múltiples delitos: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, obtención de documento público falso, abuso de autoridad, fraude procesal, destrucción de documento público y prevaricato por acción.
Según la investigación, las irregularidades se habrían cometido durante la ejecución del contrato para la construcción de una doble calzada de 3.4 kilómetros de la Avenida Los Colibríes, cuya inversión inicial fue de 32.037 millones de pesos y posteriormente recibió una adición de 20.300 millones. Las obras se desarrollaron entre marzo de 2021 y diciembre de 2023, período en el cual se habría generado el presunto detrimento patrimonial.
La decisión judicial ya fue notificada a las oficinas de instrumentos públicos y a las secretarías de tránsito correspondientes, con el fin de evitar la venta o traspaso de los bienes involucrados.
El caso continuará con la audiencia preparatoria programada para los días 23, 24 y 25 de julio, donde se definirán los elementos probatorios de cara al juicio.
