La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, buscando salvaguardar los derechos colectivos de más de 240 familias en el barrio Millán Rubio, afectadas por filtraciones de agua persistentes durante más de ocho años.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresa la necesidad urgente de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira y el municipio implementen las recomendaciones de la Dirección de Gestión del Riesgo de la ciudad. Estas recomendaciones buscan ofrecer soluciones de fondo a la crítica situación que enfrentan las familias de este sector.
La solicitud de medidas cautelares complementa la acción popular interpuesta el año anterior contra la Empresa de Acueducto de Pereira, con el objetivo de amparar los derechos fundamentales de las familias afectadas. La problemática actual afecta gravemente a sus derechos a la vida, salud y vivienda, haciendo imperativa la adopción de medidas integrales para proteger a los afectados.
El Defensor del Pueblo destaca la importancia de haberse reunido directamente con las comunidades afectadas para evaluar el estado actual de la problemática y garantizar la implementación de las acciones correspondientes por parte del municipio y la empresa proveedora de los servicios de acueducto.
Las inundaciones recurrentes están erosionando derechos colectivos esenciales, como el disfrute de un ambiente sano, el goce de una salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice los derechos fundamentales de los habitantes.
En una visita al barrio Millán Rubio, acompañado por un equipo de profesionales de la entidad, el Defensor del Pueblo hizo hincapié en que la comunidad merece vivir en un entorno saludable y en condiciones dignas como seres humanos. Además, instó a las autoridades a implementar medidas urgentes para prevenir riesgos similares a tragedias pasadas, como la ladera del río Otún, que dejó un trágico saldo de 17 personas fallecidas a causa de un deslizamiento de lodo, tierra y roca.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso en velar por la protección de los derechos humanos y espera que el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira actúe prontamente decretando las medidas cautelares necesarias para garantizar el bienestar y la seguridad de la comunidad afectada.
