El acceso a educación superior de calidad representa muchas dificultades para las personas en condición de discapacidad, integrantes de comunidades étnicas, víctimas del conflicto, habitantes de frontera y personas en tránsito a la vida civil.
De acuerdo con cifras del DANE, el 14,3% de las personas con discapacidad tiene acceso a la educación superior, en comparación con el 21% de las personas sin discapacidad, es decir, existe una brecha del 6,7 %.
Ante este panorama, resulta necesario que las universidades propicien la inclusión de todas las personas. “Entender la inclusión en el marco de la diversidad supone reconocer que, la atención educativa debe reconocer una serie de condiciones que posicionan determinados grupos poblacionales en escenario de vulnerabilidad con condiciones de participación más complejas que cualquier otro individuo”, señala Carolina Jurado, docente y Coordinadora de la Oficina de Inclusión del Politécnico Grancolombiano.
Conceptos
En este contexto, conceptos como la equiparación de oportunidades, la flexibilidad, la pertinencia y la adaptación, son elementos centrales para la garantía de la calidad en los modelos educativos, tanto en modalidad presencial, como virtual.
En el caso de la infraestructura, las universidades están regidas por la norma técnica NTC 6304 de accesibilidad del medio físico, que establece los mínimos necesarios para garantizar condiciones de igualdad en toda la comunidad educativa. No obstante, la inclusión es un proceso que va mucho más allá.
