Así describe la UNICEF la mutilación genital femenina “La mutilación genital femenina hace referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Se practica sobre todo en niñas que se encuentran entre la edad infantil y los 15 años. En cualquiera de sus formas, la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y las mujeres, entre los que se incluyen el derecho a la salud, a la seguridad y a la dignidad”.
Se estima que unos 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina y desafortunadamente en Risaralda algunas comunidades indígenas aportan para que este número siga creciendo.
Los casos en Risaralda van en aumento
Desde el 13 de abril la secretaria de salud de Risaralda está recibiendo información oficial por medio del ‘Sivigila’ por los casos de ablación en niñas menores de edad en el municipio de Pueblo Rico, son 10 casos reportados, 9 en el departamento de Risaralda y 1 en el departamento de Chocó, por instrucciones del señor gobernador del departamento de Risaralda se realiza un llamado a entidades y autoridades para trabajar mancomunadamente, porque la situación se ha convertido en un problema social para el departamento, este llamado se realizó de forma escrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Departamental junto con la Procuraduría para que realicen el acompañamiento a estas comunidades.
La Gobernación de Risaralda rechaza de manera contundente cualquier acto que vulnere o viole los derechos de los niños, niñas y adolescentes y atente contra su integridad física, mental y emocional, esto después de conocerse el reporte de nuevos casos de ablación en las comunidades indígenas del municipio de Pueblo Rico, del departamento de Risaralda y del Chocó.
Desde la administración departamental se hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Procuraduría y a la Asamblea Departamental, a desarrollar estrategias y políticas que permitan cuidar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Desde la gobernación de Risaralda, rechazamos rotundamente estos actos de violencia contra nuestros niños, adolescentes y mujeres” Sandra Gómez.
