Preocupación en la población privada de la libertad en condición de sindicados, ya que a partir del próximo año podrían quedarse sin el servicio alimentario.
La suspensión afectaría a cerca de 250 personas en Pereira, según manifestaron desde la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Tras una reunión sostenida el pasado 29 de diciembre, el Ministerio Público alertó sobre la situación, señalando además que esto podría llevar a que a esta población se vulneren sus derechos fundamentales.
Es importante recordar que hasta el primer semestre del presente año, la alimentación de las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas estaba a cargo del Uspec, sin embargo por una decisión polémica del Gobierno nacional, esta actividad y su financiamiento, quedó en manos de los entes territoriales, es decir alcaldías y gobernaciones.
Precisamente Pereira fue una de las ciudades del país que adoptó la medida, la cual se hizo efectiva desde el pasado primero de julio, no obstante en ese momento la administración municipal manifestó no contar con los recursos ni las condiciones técnicas necesarias.
Hoy se llevaría a cabo una nueva reunión en la que se espera lograr algún acuerdo. La Procuraduría a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, la Regional de Instrucción de Risaralda y la Provincial de Instrucción de Pereira articulan el seguimiento dentro de sus competencias, en aras de hallar una solución inmediata a esta situación.
Importante mencionar que los sindicados en Pereira se encuentran en su gran mayoría, en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), mientras que otros están en estaciones de policía.
Recordar que las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas, son aquellas que están a la espera de que se defina su situación legal, y según la ley colombiana, estos son responsabilidad de los entes territoriales, diferente a quienes ya recibieron una condena, ya que estos últimos están a cargo del Inpec.
Pie de foto: A los problemas con la alimentación, las personas privadas de libertad en condición de sindicadas afrontan otras vulneraciones producto del hacinamiento.
