La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Pereira, Risaralda, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato de concesión del servicio de alumbrado público.
El contrato, que contempla una inversión de $84.496 millones y una duración de 25 años, fue objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores, debido a posibles afectaciones al interés público. A pesar de una solicitud formal de la Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Función Pública para suspender la audiencia de adjudicación con el fin de evaluar riesgos y observaciones, la administración municipal habría decidido seguir adelante con el proceso.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, el ente de control revisará también una denuncia presentada por una representante a la Cámara, en la que se alertan presuntas anomalías en los procesos relacionados con la administración, operación, mantenimiento, modernización, expansión, suministro de energía eléctrica y la implementación de tecnología e iluminación ornamental y navideña.
Además, la investigación buscará determinar si la empresa adjudicataria del contrato tiene vínculos societarios o contractuales cuestionables, y si ha sido señalada anteriormente en medios de comunicación por posibles irregularidades.
La Procuraduría enfatizó que el objetivo de la indagación es proteger el interés público y la transparencia en la contratación estatal, así como esclarecer las decisiones tomadas por los funcionarios involucrados en el proceso. Por ahora, no se han revelado nombres de los investigados ni se han emitido sanciones.
Este nuevo proceso disciplinario se suma a una creciente vigilancia sobre la contratación pública en el país, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor control y rendición de cuentas en el manejo de los recursos.
