La corrupción, la violencia y la inseguridad son el pan de cada día en Colombia, y aunque las denuncias sobre temas asociados con la violación de los derechos humanos son cada vez más populares y la falta de castigo hacia quienes perpetúan dichos crímenes alimentan día a día el fenómeno de la impunidad a lo largo y ancho del país.
El Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), menciona que dada la magnitud y frecuencia de los delitos en el país, los sistemas penales de justicia ordinaria parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, tanto en el castigo de los responsables, como en el esclarecimiento de los crímenes (derecho a la verdad), la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas.
La responsabilidad frente a los casos de impunidad que reposan en el país recae sobre las autoridades nacionales, pues al ser Colombia un estado centralizado, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial (tribunales y sistema penitenciario), se convierten automáticamente en los entes llamados a responder frente a temas de injusticia.
La información fue tomada de la investigación realizada por Fundación Paz & Reconciliación Colombia, denominada: Índice Global de Impunidad de Colombia. La impunidad subnacional en Colombia y sus dimensiones (IGI-Col) 2019, se miedieron las siguientes dimensiones:
Estructural Sistema de Seguridad – ESS
Estructural Sistema de Justicia – ESJ
Funcional Sistema de Seguridad – FSS
Funcional Sistema de Justicia – FSJ
IMPUNIDAD NACIONAL
Del total de delitos en el país, el 71% está en etapa de indagaciones previas. De estos, solo el 27% están activos, mientras en etapa de investigación la cifra de procesos activos alcanza un alarmante 1%.
EL CASO DE RISARALDA
Se registraron 24.678 denuncias ante la Fiscalía en el departamento de Risaralda, el 69.7% de estos pasó a etapa de indagación y 17.8 % en estado activo. En investigación se registraron 2.34% del total de delitos, que se reduce a 1.06 % cuando se calcula el número de investigaciones activas. El porcentaje de ejecución de penas para ese año en relación con el número de delito alcanzó el 5.56 %.
En la medición realizada por el IGI Colombia 2019, Risaralda presenta un índice de transparencia de 76.8 %, ubicándose en la sexta posición dentro del grupo con riesgo moderado; además, ocupa el puesto 30 en el ranking general y el décimo en su grupo, solo superado por los departamentos de Caldas y Tolima, lo que lo clasifica en un nivel medio de impunidad.
EL DATO
Risaralda está entre los departamentos con mayor número de agentes de Fiscalía por habitantes y delitos y presenta un alto acceso a las instituciones de justicia.
El número de delitos presentado en el departamento es superior al promedio nacional, pero es compensado con el alto número de personal policial con el que dispone el territorio.
LOS MÁS DENUNCIADOS
En la medición se halló que los cinco delitos más recurrentes en Risaralda son:
Hurto a personas, lesiones culposas (en accidente de tránsito), lesiones personales,violencia intrafamiliar y estafa y suman un total de 10.679 registros que corresponden al 43.3% del total de las denuncias.
PEREIRA
John Harold Giraldo, investigador del Observatorio de Convivencia Ciudadana, agrega que los pereiranos tienen una tendencia a la denuncia, lo que se convierte en un aspecto favorable para la judicialización de delitos y la reducción de impunidad.
También comenta que en cuanto a la vulneración de los derechos humanos de las mujeres no se tienen muchos datos de captura, y que los delitos que más se registran en la capital risaraldense están relacionados con violencia intrafamiliar, para los cuales las víctimas exigen medidas más fuertes para los agresores.
CONCLUSIONES
A mayor presencia de instituciones, mayores son los registros de denuncias y de confiabilidad.
La impunidad estadística se produce por la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos.
Las denuncias en contra de agentes del Estado son más comunes en medios de comunicación que ante las autoridades competentes y al no aparecer registrados los hechos en el sistema judicial, se quedan en completa impunidad.
Los datos sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de agentes de las fuerzas públicas a nivel nacional no son confiables.
Los territorios con presencia de conflicto armado, crimen organizado y altos niveles de corrupción y desigualdad, presentan los niveles de impunidad más altos.
