La Toma del Palacio de Justicia fue uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Colombia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del movimiento guerrillero M-19 ingresó al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y retuvo a magistrados, funcionarios y visitantes con el argumento de realizar un “juicio político” al presidente Belisario Betancur.
La respuesta del Estado fue una operación militar de gran escala para retomar el edificio. Los combates, el fuego y el colapso parcial de la edificación dejaron decenas de muertos, entre ellos el presidente y varios magistrados de la Corte Suprema, así como múltiples heridos y desaparecidos.
El episodio condensó tensiones acumuladas: el avance de la insurgencia urbana, el debate sobre la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, y la fragilidad de un proceso de paz incipiente.
La actuación del M-19 erosionó su capital político; la del gobierno y las Fuerzas Armadas desató críticas por la conducción de la retoma, el uso de la fuerza en un recinto judicial y graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se investigaron durante años.
En el plano institucional, la tragedia significó la pérdida de una Corte Suprema con magistrados de altísimo perfil y un golpe a la independencia judicial. En el plano social, dejó una memoria de dolor que aún interpela al país: preguntas sobre la prevención (hubo advertencias de riesgo), la cadena de mando, las responsabilidades penales y políticas, y el papel que habría jugado el narcotráfico en el trasfondo de los hechos.
Consultamos la opinión del exconstituyente, Jaime Arias López, acerca de los sucesos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. “Me enteré de la toma del Palacio de Justicia por las noticias del mediodía. Quedé atónito. Jamás hubiera pensado que un acto de esa magnitud fuera posible. Conocí varios de los magistrados y auxiliares y pensé en ellos y sus familias. El desenlace fue fatal.
Me impresionó demasiado escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia pidiendo ayuda. El gobierno fue errático al punto de decirse que el presidente fue suplantado en sus funciones.
El M-19 perdió toda su confianza popular y el ejército en la retoma dejó mucho que desear. Con la toma se sacrificó una corte admirable. Con el tiempo y las investigaciones supimos que la toma del Palacio de Justicia había sido advertida por los servicios de inteligencia del estado sin que se hubiera tomado medida alguna de protección y que los magistrados fueron asesinados en total estado de indefensión.
Hubo el simulacro de querer justificar la toma so pretexto de hacerle un juicio revolucionario al presidente Belisario Betancur pero se estableció que hubo una alianza entre el narcotráfico y el M-19 para impedir la aprobación de la ponencia sobre la extradición que se debatía por esos días y la desaparición de los expedientes judiciales de quienes iban a ser extraditados. Fue un “holocausto “ cuyas victimas fueron hombres y mujeres inocentes que solo cumplían con su deber y responsabilidad de administrar justicia”.
El dato
Abordar el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia implica revisar no solo los acontecimientos de esos dos días, sino también sus causas, las decisiones operativas, las investigaciones posteriores y su legado en materia de derechos humanos, verdad, justicia y memoria, señalan analistas consultados por El Diario.
Leyenda: Jaime Arias López
El abogado Jaime Arias López, exconstituyente, conjuez de la Corte Constitucional, árbitro de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos desempeñados, da su análisis de lo que significó el holocausto del Palacio de Justicia hace 40 años.
