La Procuraduría General de la Nación abrió un frente disciplinario contra la directora administrativa de Bienes y Servicios Generales de Risaralda, Gloria Lyda López Ortiz, al formularle pliego de cargos por una presunta irregularidad en su posesión en un cargo de nivel directivo. Según el Ministerio Público, la funcionaria habría asumido el empleo sin acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos exigidos para el puesto.
La actuación fue anunciada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda, que indicó que, al momento de la posesión, la disciplinable presuntamente no presentó documentación completa para certificar aspectos relacionados con su formación académica y la experiencia profesional requerida, tal como lo establece el manual específico de funciones aplicable al cargo.
Cuestionamientos sobre acreditación y homologación de experiencia
De acuerdo con la entidad de control, una de las inconsistencias que se investigan es que la funcionaria habría aportado una especialización con la que pretendía cumplir requisitos básicos y, al mismo tiempo, usar ese mismo título para homologar experiencia profesional. En criterio de la Procuraduría, esa combinación no habría sido suficiente para satisfacer lo necesario para ejercer un empleo del nivel directivo, lo que habría permitido la posesión en condiciones presuntamente irregulares.
Para el Ministerio Público, la conducta investigada se habría configurado desde el 23 de enero de 2023 y tendría incidencia directa en la estructura administrativa del departamento, razón por la cual fue calificada provisionalmente como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa.
El caso seguirá su curso en sede disciplinaria, donde la Procuraduría deberá establecer si existió o no el incumplimiento de requisitos y, en consecuencia, definir responsabilidades y eventuales sanciones conforme al debido proceso.
