La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas frente a la crítica situación financiera de la EPS indígena Pijao Salud y solicitó formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud que evalúe una posible intervención inmediata de la entidad, encargada de garantizar la atención médica de varias comunidades indígenas en Risaralda.
La petición fue elevada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda tras constatar el incumplimiento sistemático de la EPS con diversas obligaciones contractuales y financieras. Uno de los casos más preocupantes es el del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, al que Pijao Salud le adeuda más de 16 mil millones de pesos, deuda que ha sido confirmada por la Asociación de Hospitales del departamento.
Pese a algunos pagos parciales realizados desde enero de 2024, el ente de control advirtió que las obligaciones siguen creciendo, y que varias cuentas están en riesgo de entrar en mora. Esta situación amenaza con colapsar la cadena de prestación de servicios de salud, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables.
Durante el proceso de análisis, la Procuraduría recibió respuestas del gerente de Pijao Salud, quien argumentó que la entidad se enfrenta a una “crisis estructural del sistema de salud en Colombia” y a una “realidad de recursos escasos”. Sin embargo, para el Ministerio Público, estas explicaciones no excusan el deterioro financiero ni el riesgo que implica para los usuarios.
Por estas razones, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, considere intervenir la EPS y tomar el manejo y administración de los recursos públicos que esta entidad destina al sector salud.
La situación genera especial preocupación por el impacto directo que puede tener en el acceso a servicios médicos de calidad para cientos de personas pertenecientes a comunidades indígenas, quienes dependen exclusivamente de esta EPS para su atención en salud. La Procuraduría insistió en que se priorice el bienestar de los usuarios y se tomen decisiones urgentes para evitar un colapso mayor en el sistema de salud regional.
