Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –S.R.P.A.– es un sistema de justicia especializado y diferenciado para los menores entre 14 y 18 años en conflicto con la ley, que fue promulgado en nuestro país a través de la Ley 1098 de 2006. Tras 13 años de su implementación, conviene revisar como va su desarrollo y aplicación. Para esto tomaremos primeramente los datos nacionales y luego los regionales. En Colombia entre el 15 de marzo de 2007 y el 30 de Diciembre de 2018, han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 259.9461 jóvenes, de los cuales han sido sancionados 82.222, (31,6 %) y con privación de la libertad 17.780, (21,6 %), lo cual convierte a Colombia, en el segundo país de América Latina con mayor tasa de adolescentes en conflicto con la ley, privados de la libertad, después de Brasil, que cuadriplica la población colombiana(2).
En este mismo contexto la Defensoría Regional del Pueblo, consciente de su vocación y compromiso institucional, haciendo un monitoreo al S.R.P.A. en el Departamento de Risaralda, quiere respetuosamente dirigir su voz hacia el compromiso de todas aquellas personas que aspiran a cargos de elección popular en este período, para que esta realidad, sea uno de los aspectos más importantes de sus propuestas y programas de gobierno.
Ingreso de adolescentes
Es así como, tomando de referente los ingresos desde el 1 de Enero de 2007 al 31 de diciembre de 2018 en Risaralda, han ingresado al S.R.P.A. 5.683 adolescentes(3) de los cuales, 3.700, (65,1%), han sido sancionados y con privación de la libertad 640 (17,2 %).
Actualmente el Centro de Atención Especializado (C.A.E.) Marceliano Ossa, dirigido por el I.C.B.F., a través de la Fundación Hogares Claret, cuenta con 116 adolescentes privados de la libertad(4), dentro de los cuales 9 son mujeres y 107 hombres. De estos 11 adolescentes se encuentran con internamiento preventivo y 107 sancionados o en proceso de sanción. De estos 116 adolescentes, 46 son menores de edad y 70 son mayores de edad, privados de la libertad tras los cambios introducidos por la Ley 1453 de 2011 Estatuto de Seguridad Ciudadana.
Delitos cometidos
Los delitos que más han cometido los adolescentes en Risaralda, en el año 2018, en su respectivo orden son: estupefacientes (95), violencia intrafamiliar (67), delitos sexuales (50), hurto (42), homicidio o tentativa de homicidio (31) (5). Esta tipología delictiva, resulta bien particular dentro del análisis del sistema en el plano nacional, con factores de riesgo muy preocupantes para nuestra juventud risaraldense, como el alto consumo de sustancias psicotrópicas, la violencia intrafamiliar que refleja el grado de intolerancia al interior de las familias, y los delitos sexuales que ponen de manifiesto ausencia de una adecuada formación sexual de nuestros jóvenes.
Si bien es cierto, que la delincuencia juvenil es un fenómeno emergente en todas las sociedades contemporáneas, la respuesta a esta realidad requiere el mayor compromiso de los entes gubernamentales y de los candidatos para cargos de elección popular, ya que son ellos los que tienen bajo su responsabilidad el compromiso de cambiar estos indicadores y brindarles a esta población vulnerable los mecanismos para adecuar sus proyectos de vida y lograr verdaderos procesos de resocialización e inclusión social. Risaralda tiene todo para convertirse en un departamento modelo en la atención a los adolescentes vinculados al SRPA.
Delincuencia juvenil
Es un hecho que la manera de abordar la delincuencia juvenil está cambiando en el mundo, al reconocer que se trata de un sistema que no tiene su origen en el derecho penal, sino en los derechos humanos de los adolescentes infractores de la ley, a través de los principios de protección integral e interés superior, es por lo mismo que se trata de un sistema pedagógico, específico y diferenciado (Art. 140 Ley 1098 de 2006).
Es así, como los más recientes estudios, sobre el tema, hablan de la criminología del desarrollo en donde la teoría de Moffitt (1993) es una de las más conocidas dentro de este paradigma. “La autora toma como punto de partida de su trabajo la sólida correlación que existe entre edad y delito y las dificultades que existen para explicar de manera satisfactoria la curva de la edad. Se propone distinguir entre: 1)Delincuentes cuya actividad delictiva se limita a su adolescencia. 2)Delincuentes persistentes, que delinquen a lo largo de su vida”. (6)
Esta concepción pone de manifiesto la importancia de la intervención oportuna y adecuada para lograr que el adolescente, ante un comportamiento social reprochable, reciba los elementos necesarios para trascender esta problemática y no convertirla en un modo de vida, u oficio delictivo, o sean instrumentalizado por personas o bandas criminales al margen de la ley.
Líneas de acción
Frente a lo anterior, la Defensoría del Pueblo quiere ofrecer, desde su liderazgo y magistratura moral, unas líneas de acción que puedan servir de base para la articulación de los diferentes planes y proyectos de los candidatos actuales y futuros gobernantes, específicamente frente a la situación de adolescentes vinculados al S.R.P.A. en el Departamento de Risaralda:
– Apostar por un lenguaje propositivo frente a los adolescentes que son vinculados al SRPA, ya que el lenguaje es una relación entre miembros de núcleos sociales como la familia o la sociedad; un lenguaje equivocado revictimiza y desproporciona la realidad de esta problemática.
– Favorecer los procesos de aplicación del Decreto 2383 de 2015, por la cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en cuanto a destinación del recurso humano y adaptación de infraestructura y planta física para que se puedan operar los procesos educativos con integralidad y calidad.
– Promover desde la administración local, una atención a adolescentes infractores en contextos de privación de libertad, asumiendo además una política de género que dé respuestas especializadas desde enfoques diferenciales y las necesidades específicas de los adolescentes infractores (7).
– Acompañar y apoyar a las familias de los adolescentes del SRPA, haciendo énfasis en la prevención de violencias, la reintegración familiar y la promoción de entornos protectores (8). Esta es una de las mayores necesidades de la región.
– Reforzar los programas de permanencia escolar para los niños, niñas y adolescentes, garantizando su calidad, flexibilidad y en consonancia con los contextos socioculturales determinados.
– Desarrollar políticas públicas de prevención del delito y manejo adecuado del tiempo libre que permitan el afianzamiento de factores protectores y ambientes sanos.
– De los 116 adolescentes que a la fecha están con privación de la libertad en el CREEME, 70 de estos, son mayores de edad, lo que indica que sus motivaciones y procesos de intervención son diferentes, encaminados más hacia la formación para el trabajo productivo; lo cual exige una estrategia interinstitucional de trabajo colaborativo, que de respuestas efectivas a las necesidades de capacitación laboral.
– Tomar decisiones desde las políticas públicas de Infancia y Adolescencia, Juventud y Familias, encontrando puntos de trabajo común para evitar que más jóvenes se inicien en temas de Responsabilidad Penal y esto pasa por priorizar acciones y determinar dónde están los puntos nodales que requieren el esfuerzo de la ciudad, para la intervención de problemáticas como el consumo de sustancias psicotrópicas, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el hurto.
– Diseñar programas de atención integral a adolescentes migrantes, especialmente desde la realidad venezolana, que permitan la atención especializada, frente a adolescentes infractores de la ley.
– Fortalecimiento de los programas post-sanción, en donde el adolescente al llegar de nuevo a su entorno social y familiar, tenga los factores protectores identificados que trasciendan la reiteración y reincidencia del delito.
Compromiso
La Defensoría del Pueblo exhorta a todos los candidatos para corporaciones públicas a asumir un compromiso total frente a la realidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Risaralda, para que nuestro departamento se convierta en modelo de atención integral a esta población vulnerable y vulnerada.
*Defensora Regional del Pueblo
Bibliografía
1. Abogada, Especialista en Derecho Humanos, exconsejera para la equidad y la mujer, ex cónsul de Colombia en Nueva York, asesora en temas de Género e Infancias y Adolescencias, docente universitaria y líder social, actualmente Defensora Regional del Pueblo de Risaralda.
-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes, informe estadístico 2018.
2. Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil, Informe de monitoreo a los sistemas de Justicia Juvenil en América Latina, página 4.
3. Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes de Risaralda. Estadística 2018.
4. Fundación Hogares Claret, Dirección CAE, CREEME, datos estadísticos a Agosto 28 de 2019.
5. Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes de Risaralda. Estadística 2018.
6. SERRANO MAÍLLO, Alfonso. Criminología del desarrollo. Universidad Oberta de Cataluña (España), 2017, pág. 11.
7. Del Pozo, Francisco José & Martínez, Jairo Alberto (2015). Retos del tratamiento penitenciario en Colombia: enfoque y acción diferencial de género desde la perspectiva internacional. Revista Criminalidad, Policía Nacional de Colombia, Volumen 57 (1): páginas 9-25.
8. ICBF. Adolescentes, jóvenes y delitos: “Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia”. Colombia. 2015
EDUCACION PARA LA IMPUNIDAD… EN LA ESCUELA HACEN Y DESHACEN Y NO SE PUEDEN EXPULSAR…. EL SER HUMANO NACIO PARA VIVIR EN SOCIEDAD O SE LE EDUCA O SE LE PADECE