La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una alerta sobre los efectos de la minería ilegal en los ríos del departamento de Risaralda. Según el informe, la explotación no regulada y el uso descontrolado de recursos naturales han generado graves impactos ambientales en las fuentes hídricas de la región.
En el informe de la Procuraduría General de la Nación se destacó que en Colombia, aproximadamente 350,000 personas están involucradas en la explotación minera, de las cuales más del 90 % proviene de actividades mineras artesanales y de pequeña escala. Además, se registró una preocupación específica en Risaralda, ya que dos ríos y una quebrada estarían siendo afectados por la minería ilegal. Los cuerpos de agua afectados incluyen el Río Arriba en Mistrató, la Quebrada La Papayuela en Belén de Umbría, y el Río Agüita en Pueblo Rico. Los municipios con mayor incidencia de esta actividad son Mistrató, Belén de Umbría, especialmente en la Vereda El Silencio del Corregimiento de Taparcal, Santa Rosa de Cabal en el sector de Minas del Chaquiro, y Pueblo Rico.
Impactos ambientales en los ríos de Risaralda
La minería ilegal ha llevado a la contaminación de estos cuerpos de agua debido al vertimiento de sustancias tóxicas como mercurio y cianuro, utilizados en el proceso de extracción de metales preciosos. Esto ha deteriorado tanto la calidad del agua como la biodiversidad en los ecosistemas acuáticos.
Además, la falta de control y regulación en estas prácticas ha aumentado la sedimentación, reduciendo la capacidad de los ríos para almacenar y filtrar agua limpia. El daño a la flora y fauna, así como a las comunidades que dependen de estos recursos hídricos para su sustento, se ha vuelto insostenible.
Reacciones y medidas de las autoridades
Ante esta situación, el Ministerio Público ha solicitado a las autoridades locales, como la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), reforzar las acciones de monitoreo y control de la minería ilegal. Asimismo, se instó a la implementación de estrategias de prevención y sensibilización para frenar el impacto ambiental y proteger los recursos hídricos.
La Procuraduría insiste en la urgencia de tomar medidas concretas para combatir la minería ilegal y preservar los ríos de Risaralda. De no actuar a tiempo, los efectos perjudiciales podrían ser irreversibles, afectando tanto el entorno natural como las generaciones futuras. Las autoridades y la sociedad civil deberán unirse para evitar que este problema continúe agravándose.
